- La ministra presidenta de la SCJN afirmó que la Reforma Judicial partió de una narrativa falsa e infundada en contra del Poder Judicial de la Federación
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández enlistó los asuntos que intensificaron los ataques y amenazas contra los ministros y que sirvieron al Gobierno Federal para justificar la aprobación de la Reforma Judicial.
Durante su último informe de labores, al que únicamente acudió el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), César Yáñez, como representante de la administración federal, Piña afirmó que la reforma parte de una narrativa falsa e infundada en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”, dijo.
“La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó -inclusive de manera violenta- cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años”.
Recordó la Reforma Judicial impulsada por el exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que puso énfasis en la erradicación de la corrupción y el nepotismo, pero que no se ocupó de las fiscalías ni las defensorías.
Señaló que en dicha reforma se intentó ampliar el mandato de Zaldívar al frente del PJF como un “intento de injerencia sobre la Judicatura Federal”. “Apenas casi dos años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo; cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna”, refirió.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte -como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador- de un proyecto político dominante”.
Destacó la resolución en la que la Corte declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dictada en abril del 2023 como el punto de quiebre que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros.
También mencionó la discusión en mayo de 2023 del decreto presidencial por el que se clasificaban como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras que el gobierno denomine como prioritarios, y recordó que el mismo día en que el pleno de la Corte lo invalidó, el entonces presidente López obrador publicó otro acuerdo reiterando dicha clasificación.
Citó la discusión del llamado “Plan B” del gobierno de López Obrador, en el que, por mayoría de nueve votos, se invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales por violaciones graves al procedimiento legislativo.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, reprochó.
La ministra presidenta acusó que, desde la aprobación de la Reforma Judicial de este año, se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales contra dicha modificación constitucional y con ello desestimar la autoridad del PJF. “También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, señaló.
“Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa -a los que estamos obligados por ley- interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad; por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional”.
Reiteró que el Poder Judicial nunca se negó a una reforma y que, por ello, en todo momento convocó al diálogo. “A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no sólo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente -ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”, agregó.
