¡Sin frenos y directo al grano! Apenas minutos después de jurar como presidente, Donald Trump lanzó su primera gran jugada: declarar una emergencia nacional en la frontera sur. En su discurso de toma de posesión, no dejó dudas sobre sus intenciones: “Vamos a detener a los ilegales y devolver a millones de criminales a donde pertenecen”, aseguró.
La medida incluye la movilización inmediata de tropas hacia la frontera con México, el fin de la política de “Catch & Release” (que permitía liberar a migrantes en espera de juicio) y nuevas restricciones para obtener la ciudadanía.
Las primeras medidas migratorias: tropas, deportaciones y veto al asilo
Trump confirmó que su primera orden ejecutiva movilizará tropas a la frontera con México, reforzando la seguridad en puntos críticos. Además, la emergencia nacional permitirá redirigir recursos hacia la construcción de infraestructura fronteriza y operativos contra la inmigración irregular.
En lugar de la política “Catch & Release”, prometió que “toda persona que entre de manera ilegal será detenida y deportada de inmediato”. Este endurecimiento se suma a otras restricciones, como cambios en los requisitos para obtener la ciudadanía y medidas más severas contra los refugiados.
Además, Trump apuntó contra el sistema de asilo, restringiendo uno de los pilares fundamentales de la política migratoria estadounidense. Desde el primer día de su gestión, la aplicación CBP One, utilizada por miles de migrantes para tramitar citas de asilo, dejó de funcionar. Esto afecta directamente a más de 30,000 personas que tenían agendadas entrevistas en las próximas semanas.
Para justificar sus decisiones, Trump invocó una legislación de 1798 conocida como las Leyes de Extranjería y Sedición, que otorgaban al Ejecutivo amplio poder para arrestar y deportar extranjeros en tiempos de crisis. Estas normas, aunque impopulares en su momento, endurecían el acceso a la residencia permanente y restringían la llegada de nuevos migrantes. Según Trump, este precedente histórico valida su enfoque.
Impacto en refugiados y veto a nacionalidades
El presidente también planteó suspender durante cuatro meses la reubicación de refugiados, alegando motivos de seguridad nacional. En paralelo, su equipo no descarta reintroducir un veto migratorio contra ciudadanos de ciertos países, similar al polémico veto a países musulmanes que implementó en 2017.
La narrativa del mandatario refuerza su mensaje de que la inmigración representa una amenaza para la seguridad y la economía del país. “Vamos a devolver a millones y millones de personas a los lugares de los que vinieron”, aseguró, prometiendo que esta sería una de las “primeras victorias” de su administración.
“El cambio comienza hoy e inicia de forma muy rápida”, afirmó, dejando claro que esta será una administración marcada por la confrontación y las decisiones drásticas.
