Las recientes declaraciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGR) sobre el caso de Fátima Maite Zavala han causado indignación. A pesar de los antecedentes de acoso escolar y las graves lesiones que sufrió la menor tras caer desde un primer piso en la secundaria Diurna 236 de Iztapalapa, la FGR insiste en que no hay pruebas de que haya sido empujada y que el hecho no ocurrió en un contexto de agresión. Esta postura, lejos de esclarecer la situación, refuerza la percepción de impunidad y la falta de protección a víctimas de bullying en México.
La versión oficial: un intento de diluir la gravedad del caso
Según la FGR, los peritajes indican que la caída ocurrió en horario de clases y no durante el receso, como se había informado inicialmente. Además, aseguran que no hay evidencia de que la adolescente estuviera acompañada en el momento del incidente ni de que hubiera sido arrojada intencionalmente. También desmintieron la versión de que el suceso ocurrió en un tercer piso, señalando que la secundaria solo tiene dos niveles.
Sin embargo, esta narrativa omite un aspecto crucial: Fátima ya había sido identificada como víctima de bullying y acoso digital antes del incidente. Su padre, Juan Zavala Peña, denunció el acoso ante la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México (AEFCM) en enero de 2024, sin que se tomaran medidas efectivas. Incluso, la menor fue evaluada en la Clínica del Adolescente, donde se determinó que tenía un alto riesgo psicosocial y padecía depresión moderada, pero las autoridades escolares no intervinieron.
Negligencia institucional y encubrimiento
Más allá de si Fátima fue empujada o cayó accidentalmente, la raíz del problema es la negligencia con la que las autoridades han tratado el caso. El acoso que sufrió no fue una suposición, sino un hecho documentado. La omisión de la secundaria y de la SEP permitió que las agresiones escalaran hasta un punto crítico.
La respuesta de la Fiscalía no solo minimiza lo ocurrido, sino que desvía la atención del problema estructural: la falta de protocolos efectivos contra el bullying y la protección de los menores en las escuelas públicas.
La indignante postura de la SEP
Las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, han sido particularmente polémicas. Respaldando la versión de la Fiscalía, aseguró que no existen elementos para afirmar que Fátima fue empujada y negó que las autoridades educativas hubieran ignorado la denuncia previa de bullying. Estas declaraciones fueron calificadas como irresponsables por la familia de la víctima y colectivos que exigen justicia.
En respuesta, los padres de Fátima solicitaron la destitución de Delgado a través de una carta pública, argumentando que su postura refleja una preocupante falta de empatía y compromiso con la seguridad estudiantil. También pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, ante la evidente parcialidad con la que ha sido manejado a nivel local.
Un problema sistemático que sigue cobrando víctimas
El caso de Fátima Maite no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema más profundo. México es uno de los países con mayores índices de bullying según la OCDE, y la falta de intervención oportuna de las autoridades educativas y judiciales perpetúa este ciclo de violencia.
Mientras la FGR se esfuerza en matizar los hechos y la SEP desestima la responsabilidad de la escuela, la realidad es que una niña de 13 años sigue hospitalizada con múltiples fracturas, víctima de un sistema que desprotege a quienes más deberían cuidar.
La exigencia de justicia no se trata solo de determinar cómo ocurrió su caída, sino de exigir cambios urgentes en la manera en que se manejan los casos de acoso escolar. La inacción de las autoridades es el verdadero peligro, y si no se toman medidas concretas, seguirán permitiendo que la violencia en las aulas se cobre nuevas víctimas.
