- El Colegio de Abogados respalda la creación de mecanismos de mediación en juzgados cívicos para resolver conflictos vecinales
- Señalan que el régimen de condominio está deficientemente regulado, lo que genera desacuerdos en el pago de cuotas y uso de áreas comunes
- Critican que el gobierno estatal no haya implementado la Procuraduría de Desarrollo Urbano, a pesar de contar con presupuesto aprobado
El Colegio de Abogados de Aguascalientes respaldó la iniciativa del gobierno municipal de establecer mecanismos de mediación y conciliación en los juzgados cívicos para la resolución de conflictos vecinales, particularmente en fraccionamientos y cotos privados.
El presidente del Colegio, Lorenzo Rodríguez, destacó que esta medida responde a una necesidad creciente en la ciudad, ya que los conflictos entre vecinos en régimen de condominio son cada vez más frecuentes y, actualmente, no existe una instancia especializada que los atienda antes de llegar a juicio.
Rodríguez explicó que, en los últimos años, ha surgido una tendencia de engaño a compradores de vivienda en fraccionamientos cerrados. Muchas familias adquirieron propiedades con la idea de obtener privacidad, seguridad y armonía, pero en la práctica se enfrentaron a problemas legales y conflictos vecinales debido a la falta de información y regulación en el Código Urbano.
“El régimen de condominio está deficientemente regulado, y muchas constructoras y vendedores no orientan a los compradores sobre sus obligaciones. Esto genera desacuerdos en el pago de cuotas de mantenimiento, el uso de áreas comunes y la imposición de reglas internas. Algunos vecinos quieren modificar sus fachadas, otros se niegan a pagar el mantenimiento de calles o albercas, y esto deriva en conflictos constantes”, explicó.
Por ello, consideró que la incorporación de mediadores certificados representará un avance importante para resolver estas problemáticas sin necesidad de recurrir a un litigio.
El Colegio de Abogados también señaló que, aunque la iniciativa municipal es positiva, el gobierno estatal sigue sin cumplir con la creación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo y que, incluso, ya cuenta con presupuesto aprobado para 2025.
“La Procuraduría de Desarrollo Urbano debía obligar a las constructoras a informar a los compradores sobre sus derechos y responsabilidades, además de servir como una instancia conciliadora y mediadora para evitar conflictos vecinales. Sin embargo, el gobierno estatal no ha mostrado voluntad política para implementarla”, criticó Rodríguez.
El Colegio de Abogados resaltó que los conflictos vecinales no solo ocurren en cotos privados, sino en toda la ciudad, y que, en muchas ocasiones, surgen por desacuerdos cotidianos, como el mantenimiento de áreas comunes, el ruido o incluso la caída de hojas de árboles en propiedades vecinas.
“Antes, estos problemas podían resolverse con diálogo, pero hoy falta conciencia cívica y cada vez más ciudadanos prefieren que una autoridad intervenga en lugar de asumir la responsabilidad de la convivencia”, comentó.
