Durante más de cinco años, Aeroméxico intentó despegar de una sanción que terminó estrellándose en la pista del sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la multa de 88 millones de pesos impuesta a la aerolínea por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cerrando un caso que se remonta a prácticas monopólicas ocurridas entre 2008 y 2010. La empresa, que junto con Mexicana de Aviación llegó a controlar el 42.1% del tráfico aéreo nacional en ese periodo, fue acusada de manipular precios en al menos 112 rutas, afectando a más de 3.5 millones de pasajeros.
La Cofece, como una detective meticulosa, encontró la evidencia incriminatoria en correos electrónicos intercambiados entre directivos de las aerolíneas, quienes, con el sigilo de una novela de espías, utilizaron apodos, códigos y direcciones falsas para encubrir sus acuerdos ilegales. Aeroméxico, en su defensa, argumentó que estos correos constituían comunicaciones privadas y, por lo tanto, no podían ser utilizados como prueba. Sin embargo, la SCJN determinó que cuando se trata de colusión empresarial, la privacidad cede el paso al interés público. En otras palabras, lo que se escribe en los correos, no se queda en los correos.
La aerolínea, con un discurso de resignación y cortesía institucional, anunció que acatará la resolución, aunque con el ceño fruncido por la forma en que se obtuvo la evidencia. En un comunicado lleno de eufemismos, expresó su “respeto absoluto al estado de derecho”, aunque dejó claro su desacuerdo con la metodología de la Cofece, que, según la empresa, sanciona hechos ocurridos “hace casi dos décadas”. Una manera elegante de decir que el pasado, según ellos, debería tener fecha de caducidad.
La Cofece y el ocaso de los monopolios disfrazados
La decisión de la SCJN ha sido celebrada por la Cofece como un triunfo en la lucha contra las prácticas monopólicas, dejando claro que la competencia en los mercados mexicanos no es un juego de cartas marcadas. Según el organismo regulador, este fallo sienta un precedente para futuras investigaciones y confirma la necesidad de herramientas como las visitas sorpresa y la inspección de evidencias electrónicas. De lo contrario, los acuerdos ilegales seguirían surcando los cielos sin consecuencias.
Este revés para Aeroméxico llega en un momento clave, pues el gobierno actual ha decidido eliminar a la Cofece, argumentando la necesidad de “racionalizar” los organismos autónomos. La ironía no pasa desapercibida: en el mismo instante en que una de sus investigaciones más importantes recibe el respaldo de la SCJN, el regulador se encuentra en la cuerda floja. Como si después de demostrar su eficacia, se le pidiera apagar la luz y cerrar la puerta al salir.
Una lección de libre mercado con turbulencias
Más allá de los 88 millones de pesos (que, en términos financieros, son un pellizco para una aerolínea como Aeroméxico), la verdadera lección es la visibilidad que ha tomado la vigilancia del mercado aéreo. Por años, los consumidores han sospechado de las misteriosas fluctuaciones de precios en los boletos de avión, y ahora tienen pruebas de que no siempre fueron casualidad.
En este vuelo de litigios y sanciones, la Cofece ha dejado claro que incluso en las alturas, las reglas del libre mercado deben respetarse. Aeroméxico, por su parte, ha aprendido que los acuerdos secretos pueden terminar expuestos en los tribunales, y que la competencia no se manipula con correos cifrados.
La justicia ha aterrizado, y aunque la aerolínea intentó cambiar de ruta, al final, el destino fue inevitable.
