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jueves, febrero 5, 2026

Debate banal | La Purísima… Grilla

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Debate banal

 

En la sesión extraordinaria de ayer en el Congreso del Estado se suscitó un debate estéril y carente de relevancia, sin argumentos sólidos que reflejaran el alto coeficiente intelectual de nuestros representantes (si es que lo tienen). La discusión giró en torno a los nombres propuestos para cargos de elección del poder judicial, quienes fueron seleccionados por el Comité de Evaluación del Legislativo local.

 

Al ring -perdón- a la tribuna, se subió el diputado Fernando Alférez de Morena, quien criticó el acuerdo, al señalar que los candidatos no eran los más aptos y destacó que su único mérito era la cercanía con el poder. Mencionó específicamente a la hija de la panista Josefina Vázquez Mota, así como a Víctor Manuel Martínez Castillo, actual secretario del Tribunal de Justicia Administrativa, quien representará al PAN ante el IEE, además de hacer lo propio con Felipe Ávila Orozco.

 

En el segundo round, la diputada Alejandra Peña Curiel se pronunció en contra del acuerdo, bajo el argumento de que existen candidatos fantasmas que estuvieron presentes en el proceso interno. Denunció que varios perfiles llegaron a la votación del pleno sin haberse inscrito, y algunos ni siquiera se tomaron la molestia de asistir a las entrevistas.

 

Posteriormente, la diputada Genny López Valenzuela expresó su desacuerdo con la lista y atacó al diputado Salvador Alcalá, miembro del Comité de Evaluación, al recordar que una de las aspirantes que pasó a votación era su suplente. Por último, la diputada Mirna Medina intentó defender la propuesta del Comité, aunque el debate terminó como una disputa sobre quién era el “menos peor”. Imagínese, estimado lector, qué tan malas deben ser nuestras opciones políticas para que estas sean las discusiones que se den.

 

El menos peor

 

Al final, nadie ganó el debate: ni los azules ni los morenos. Algunos lograron ganar la votación local, mientras que otros ni siquiera tienen la vergüenza de ser candil de la calle u oscuridad en su casa. Es cierto: aunque a algunos les incomode, la reforma judicial, tanto federal como local, no es más que una simulación para ratificar los perfiles que el poder en turno desea. Aunque pudieron haber disimulado mejor las circunstancias, decidieron ser directos y mostrar los verdaderos intereses en juego.

 

¿Acaso ya olvidaron en Morena que fueron ellos quienes iniciaron el desmantelamiento del poder judicial a nivel federal? Y los panistas, ¿ya han olvidado cómo criticaron la reforma? Ahora, se han quedado en silencio, sin hacer más críticas a la reforma impulsada por la Cuarta Transformación. En fin, al final la ciudadanía pierde al depender de decisiones de grupitos simuladores. Lo peor es que aún hay quienes creen en ellos y caen en el engaño del “menos peor”. Por cierto, a pesar de contar con casi trescientos participantes en el proceso, el Legislativo dejó varias vacantes.

 

Lo rescatable

 

Sin embargo, dentro de los temas más rescatables de la sesión extraordinaria, destaca que, por unanimidad, las y los diputados decidieron reformar la Ley de Ingresos para que las constancias de discapacidad sean gratuitas.

 

Los que ya la tienen casi segura

 

Por parte del Poder Legislativo, los nombres que están a punto de convertirse en jueces son los que listamos a continuación.

 

Para el Supremo Tribunal: Mariana de Fátima de León Barba, María Guadalupe García Durán, María José Ocampo Vázquez, Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez, Luz Trinidad Rosales Hernández, Cynthia Guadalupe Trujillo Lara, Felipe Ávila Orozco, Víctor Manuel Martínez Castillo y José Luis Villareal Jasso (el peor evaluado en el examen de conocimientos).

 

Para el Tribunal de Disciplina, Liz Paulina Agüero Valdez, Martha Elba Dávila Pérez, Alicia Núñez Medina, Janett Romo Zaragoza, Omar Eduardo Pedroza López, Manuel Peña León y Alfonso César Solís Saldaña.

 

En materia civil, Lizzully Alejandra Esparza Rocha y Laura Patricia Ruvalcaba Herrera, mientras que en asuntos familiares, están Karime Frausto Regalado, Isaura Abigail García Jiménez, Ricardo de Luna Márquez y Juan José Gómez Diosado (hermano del actual contralor).

 

En tema mercantil, Sandra Ivonne Galindo Delgadillo, Nataly Jazany Melo Franco, Laura Alicia Alba Cuéllar, Irma Lourdes Aragón Alcaráz, Mónica Mariana Estrada Escobedo, Farías Martínez Claudia Alejandra, Cynthia Astrid Hernández García, Diana Montserrat Martínez Ramos, Rosa Elena Muñoz Esparza, Fabiola Ortiz Macías, Samantha Ortiz Rodríguez, Nancy Paola Ponce Romo, Yadira Ibeth Rodríguez Salas y Andy Nancy Sánchez Navarro.

 

En materia penal, Héctor Alejandro Andrade Alvarado, Miguel Ángel Arellano Aranda, Claudio Azul Bañuelos Jurado, Héctor Delgadillo Pereida, Rogelio Eduardo Fernández Ramírez, Williams Daniel González Almazán, Alfonso Guerrero Rodríguez, Rogelio Hernández Luevano y Guillermo Leonardo Hernández Reyes.

 

Para asuntos laborales, Karla María Castañeda Gallegos, Paola de Jesús López, Jorge Alberto Aguirre García y Alfonso Gutiérrez Hoyos, mientras que para cuestiones mixtas, Martha Montoya Padilla, Elías Esqueda Rivera y Edgar Raúl Tovar Navarro.

 

De igual manera, el Poder Judicial remitió su lista de aspirantes, con nombres como Mónica Guadalupe Medina Gómez, María Guadalupe García Durán, Janett Romo Zaragoza, Martha Elba Dávila Pérez, Liz Paulina Agüero Valdez, Alicia Núñez Medina, Omar Eduardo Pedroza López, entre otros.

 

Tercer año y época de vecinos, rectora

 

Por primera vez, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene una rectora mujer, un logro que, a pesar de haber sido esperado durante años, finalmente ha llegado. A lo largo de diferentes períodos, varias mujeres habían sido candidatas, pero la coyuntura social y política permitió finalmente este avance. La nueva rectora cuenta con una larga trayectoria, habiendo sido jefa de departamento antes de asumir el cargo.

 

La política universitaria tiene sus propios procesos, donde primero se realiza una votación directa por parte de maestros y alumnos, y luego se pasa a un órgano denominado Junta de Gobierno. Son pocas las ocasiones en que la Junta de Gobierno no elige a los candidatos respaldados por las votaciones, y es raro que un rector no se reelige, salvo en el caso de Felipe Martínez Rizo.

 

Sin embargo, la nueva rectora enfrenta una encrucijada importante: el desfalco millonario ocurrido durante la rectoría de Javier Avelar. A pesar de que no se sabe mucho sobre el avance de las investigaciones, en su segundo informe, la rectora fue clara en que se están tomando medidas al respecto. Este tema ha dejado una herida en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que aún está en proceso de resolución. Se ha mencionado que un joven relacionado con el exrector es el principal responsable, pero aún se desconoce su paradero. Es curioso que el exrector siga presente, como si nada hubiera pasado, y hasta fue visto en el último informe de la rectora, lo que genera malestar entre la comunidad universitaria. La gente no olvida, y aunque se respeta la presunción de inocencia, el cinismo percibido sigue siendo un tema de conversación.

 

La rectora ha llamado a la unidad y se destaca por estar al pendiente de la institución, buscando fortalecer lo más importante: la docencia. Sin embargo, el desfalco sigue siendo una herida abierta, y la comunidad universitaria espera que se tomen acciones decisivas ante las instancias judiciales.

 

Este es un año crucial para la rectora, ya que los universitarios tendrán la oportunidad de refrendar su confianza en ella. La rectora ha logrado importantes avances, como la gestión de nuevas plazas académicas, la creación de un bachillerato al norte del estado y un incremento en los apoyos a estudiantes. No obstante, el tema del desfalco sigue pendiente, y mientras los meses pasan, la comunidad universitaria sigue esperando justicia.

 

La del estribo

Finalmente, el Ejecutivo ya ha enviado la terna para la designación del próximo fiscal. La terna está integrada por Manuel Alonso García, actual secretario de seguridad pública del estado; Juan José López Gómez, exdirector jurídico de la Secretaría de Administración; e Irene Elizabeth Muñoz Padilla, directora del Instituto de Defensoría Pública.

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