El Congreso de Yucatán se encuentra en el centro del debate sobre la despenalización del aborto tras la presentación de dos iniciativas que buscan eliminar su tipificación como delito en la entidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha dejado claro que criminalizar el aborto es inconstitucional, sin embargo, la realidad local sigue atrapada en un marco normativo que permite acusaciones de feminicidio o incluso homicidio en grado de parentesco contra mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Las propuestas, impulsadas por las diputadas Clara Rosales Montiel de Morena y Larissa Acosta de Movimiento Ciudadano, buscan reformar el Código Penal del Estado de Yucatán y la Ley de Salud para garantizar que el aborto sea considerado un derecho y no un delito. Estas iniciativas, si bien coinciden en su objetivo de despenalización, presentan diferencias en su enfoque y en la manera en la que buscan enmarcar el procedimiento en la legislación estatal.
El peso del fallo de la SCJN y el amparo que marcó el camino
El fallo de la Primera Sala de la SCJN, emitido en agosto de 2024, ha sido un punto de inflexión en la lucha por la despenalización del aborto en Yucatán. Dicho fallo respondió a un amparo interpuesto por la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva (SHSSR), que argumentaba que el Código Penal del estado obstaculizaba la prestación de servicios de aborto sin temor a la criminalización.
Este amparo, que contó con el respaldo de organizaciones como UNASSE A.C. y AbortistasMx, no solo logró que el máximo tribunal del país ordenara la derogación de los artículos que penalizan el aborto en la entidad, sino que también encendió la discusión sobre la necesidad de una reforma legislativa urgente.
Sin embargo, aunque este fallo sienta un precedente legal, su implementación requiere que el Congreso estatal actúe en consecuencia, lo que ha llevado a la actual presentación de iniciativas por parte de Morena y Movimiento Ciudadano.
Dos iniciativas, un mismo objetivo, enfoques distintos
La propuesta de Morena, encabezada por Clara Rosales, tiene un enfoque integral que busca modificar la Constitución local para reconocer el derecho a una vida digna y reformar el Código Penal y la Ley de Salud del estado. Además, introduce medidas que protegen el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, la iniciativa de Movimiento Ciudadano, promovida por Larissa Acosta, se centra en la eliminación del tipo penal de aborto y en garantizar que cualquier persona con capacidad de gestar —incluyendo hombres trans y personas no binarias— pueda acceder de manera libre y segura a la interrupción del embarazo. Acosta ha sido enfática en señalar que la penalización del aborto no solo obliga a maternar, sino que también profundiza las desigualdades al castigar con mayor severidad a quienes viven en pobreza, pertenecen a comunidades indígenas o no cuentan con acceso a servicios médicos adecuados.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de eliminar el artículo 393 del Código Penal, el cual establece causales específicas bajo las cuales el aborto no es considerado un delito. Sin embargo, buscan algo más ambicioso: garantizar el acceso al aborto como un derecho fundamental sin condicionantes.
Además, la iniciativa de Morena introduce un cambio significativo en el Artículo 46 Bis, estableciendo que quienes dirijan servicios de salud públicos no puedan declararse objetores de conciencia, asegurando así que la interrupción del embarazo se realice sin barreras administrativas o ideológicas.
La dura realidad: criminalización, desigualdad y casos de injusticia
Mientras en el papel las reformas avanzan, en la realidad persisten historias que evidencian las fallas estructurales de la legislación vigente. Un caso paradigmático es el de Evelia, una mujer indígena del municipio de Tixpéual que, tras sufrir una violación y un aborto espontáneo, fue sometida a un procedimiento médico sin su consentimiento y posteriormente arrestada y sentenciada a 10 años de prisión. Su historia es el reflejo de cómo el actual marco legal no solo criminaliza a las mujeres, sino que también las deja desprotegidas frente a un sistema judicial carente de perspectiva de género y sensibilidad social.
Según datos oficiales, en 2022 se registraron 1,521 partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años en Yucatán. De estas, dos de cada diez tenían entre 12 y 14 años. Estas cifras, lejos de ser solo estadísticas, reflejan una crisis de derechos humanos en la entidad, donde la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva, así como la criminalización del aborto, perpetúan la violencia de género.
Un código penal anacrónico que criminaliza a las mujeres
El Código Penal de Yucatán, en sus artículos 390 a 393, mantiene una visión punitiva del aborto. Actualmente, se imponen penas de prisión tanto a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como a los profesionales de la salud que las asisten. En casos donde el aborto ocurre sin el consentimiento de la mujer, las sanciones son aún más severas.
Este marco normativo no solo contradice la resolución de la SCJN, sino que también crea un escenario de desigualdad en el acceso a la salud, ya que quienes cuentan con los recursos pueden viajar a otras entidades donde el aborto es legal, mientras que aquellas en situación de vulnerabilidad se enfrentan a procesos judiciales y cárcel.
¿Y ahora qué sigue?
El Congreso de Yucatán tiene en sus manos la oportunidad de corregir una deuda histórica con los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Durante este periodo legislativo, las iniciativas serán analizadas, discutidas y eventualmente votadas. El desenlace de este debate definirá si Yucatán sigue perpetuando un marco normativo que criminaliza a quienes deciden sobre su propio cuerpo o si, por el contrario, avanza hacia una legislación que garantice el acceso a un derecho fundamental.
El camino no será fácil. Grupos conservadores han manifestado su oposición y es previsible que el debate se polarice aún más conforme se acerque la votación. Sin embargo, la presión social, la evidencia legal y el respaldo de organismos nacionales e internacionales colocan en una encrucijada a los legisladores yucatecos: o garantizan el acceso seguro al aborto o mantienen una legislación que, en la práctica, criminaliza la pobreza y perpetúa la desigualdad.
La historia de Evelia, los miles de partos en niñas y adolescentes, y la lucha de organizaciones feministas han dejado claro que la despenalización del aborto no es solo una cuestión legal, sino un tema de justicia social y derechos humanos. ¿Responderá el Congreso de Yucatán a esta realidad o seguirá postergando un debate que la Suprema Corte ya ha zanjado?
