El feminicidio de Rosaura y su familia en la localidad de Azoyatla, en Hidalgo, ha puesto de manifiesto las fallas sistemáticas de las instituciones de seguridad y justicia en México. La liberación del presunto agresor, Marco Antonio M.G., un expolicía de Mineral de la Reforma, a pesar de su historial de violencia y amenazas, desató indignación y cuestionamientos sobre la impunidad y complicidad de las autoridades. Este caso es una prueba más de cómo la omisión estatal permite que agresores con antecedentes de violencia continúen con sus crímenes sin consecuencias reales.
Una cadena de negligencias que culminó en feminicidio
Rosaura había denunciado a su expareja en múltiples ocasiones. La primera detención de Marco Antonio ocurrió en octubre de 2024, cuando fue acusado de violencia familiar y privación ilegal de la libertad. A pesar de estos cargos, la jueza Janeth Montiel Mendoza decidió suspender condicionalmente el proceso, permitiendo su liberación con la única condición de que no se acercara a la víctima.
Este tipo de decisiones, que minimizan el peligro real que enfrentan las víctimas de violencia de género, son una constante en el sistema judicial mexicano. La propia Rosaura había expresado su temor de ser atacada nuevamente, pero sus palabras fueron ignoradas. Su destino estaba marcado desde que las instituciones que debían protegerla optaron por privilegiar la presunción de inocencia de su agresor sobre su derecho a la vida.
Un agresor con poder e impunidad
El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma insiste en que Marco Antonio ya no era parte de la corporación policial desde noviembre de 2024, pero los testimonios de testigos y amigas de Rosaura cuentan otra historia. El expolicía seguía usando patrullas y equipo táctico para acosar y amedrentar a su víctima. Además, la policía municipal de Mineral de la Reforma no solo le permitió continuar con su comportamiento intimidatorio, sino que aparentemente lo respaldó, acompañándolo en sus incursiones para vigilar y hostigar a Rosaura.
El papel de la Secretaría de Seguridad Pública en este caso también es alarmante. ¿Cómo es posible que un expolicía tuviera acceso a recursos oficiales, incluso después de su presunta salida de la corporación? Esta pregunta sigue sin respuesta, pero refuerza la idea de que Marco Antonio actuaba con total impunidad y bajo la protección de sus excompañeros.
Un sistema que protege a los agresores y abandona a las víctimas
Cuando Rosaura denunció, la respuesta del Estado fue insuficiente. No se le garantizó seguridad real, no se aplicaron medidas de protección efectivas y su caso fue minimizado hasta que fue demasiado tarde. Alan Javín Álvarez Ríos, de la organización Seiinac, denunció que la falta de seguimiento a las medidas de protección fue una de las negligencias más graves que desembocaron en este crimen.
El Estado no solo falló en actuar de manera preventiva, sino que incluso después del feminicidio sigue protegiendo a los responsables de las decisiones que permitieron este asesinato. La jueza Janeth Montiel Mendoza ha sido defendida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, quien argumentó que no hubo oposición formal a la suspensión del proceso de Marco Antonio. Este tipo de justificaciones evidencian una estructura judicial que se deslinda de responsabilidades y permite que casos como este sigan ocurriendo.
La reacción oficial: evasión y promesas vacías
Tras el feminicidio, las autoridades de Hidalgo han intentado lavarse las manos. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que Rosaura no acudió a las “mesas de diálogo” que organiza el gobierno estatal, sugiriendo que si lo hubiera hecho, su situación habría sido diferente. Esta declaración, lejos de asumir responsabilidad, revictimiza a Rosaura y refuerza la narrativa de que la falta de acción gubernamental se debe a la omisión de las propias víctimas.
Mientras tanto, la respuesta institucional ha sido la típica: promesas de reforzar la seguridad y acelerar investigaciones, pero sin atender el problema de raíz. En un comunicado, el gobierno estatal afirmó que en la administración de Julio Menchaca “se abate la corrupción”, pero omitió cualquier mención a la presunta protección que Marco Antonio recibía por parte de la policía municipal.
¿Cuántas más?
Este caso no es aislado. Desde el 1 de enero hasta el 5 de febrero de 2025, Seiinac ha registrado ocho muertes violentas de mujeres en Hidalgo con elementos suficientes para ser investigadas como feminicidios. Aunque esta cifra es menor a la del año pasado, la brutalidad de los casos evidencia que la violencia de género sigue siendo una crisis de seguridad pública.
El feminicidio de Rosaura es la prueba más reciente de que el Estado mexicano sigue sin garantizar la seguridad de las mujeres. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuántas muertes más se necesitan para que las autoridades actúen de manera real y efectiva?
La indignación social por este crimen es evidente y las exigencias de justicia se han hecho escuchar en diferentes espacios. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que sin una presión constante de la ciudadanía, estos casos terminan en el olvido, con las instituciones protegiendo a sus propios funcionarios y evadiendo responsabilidades.
El feminicidio de Rosaura y su familia no fue un hecho fortuito, sino el resultado de un sistema judicial y de seguridad que falló en todos los niveles. Hoy, la sociedad hidalguense exige respuestas, pero sobre todo, exige justicia.
