- El municipio de Aguascalientes avanza en la implementación de un juzgado cívico especializado para menores infractores, con el objetivo de brindar un tratamiento integral a jóvenes que incurren en faltas administrativas. Moisés de Luna Martínez, titular de la Dirección de Justicia Cívica, explicó que este espacio no será un centro de detención, sino un lugar de resguardo donde los menores recibirán atención psicológica y social antes de la comparecencia con sus padres o tutores.
El nuevo juzgado cívico para menores se ubicará en las instalaciones de San Pablo, un espacio que ya cuenta con la infraestructura necesaria para su adecuación. En este sitio, los menores que sean retenidos por faltas administrativas serán atendidos por un equipo de trabajo social y psicología, quienes realizarán un tamizaje para evaluar su situación y definir el tipo de canalización que requieren.
“El menor será resguardado hasta que lleguen sus padres o tutores, quienes deberán acreditar su identidad con acta de nacimiento y credencial de elector. En caso de que los padres no puedan presentarse, se está creando una figura de tutoría para que trabajadores sociales, psicólogos o abogados capacitados puedan hacerse responsables de la comparecencia del menor”, detalló De Luna Martínez.
Uno de los principales objetivos del programa es disminuir la reincidencia de menores en faltas administrativas. Según datos de la Dirección de Justicia Cívica, en 2024 se registraron alrededor de 5,000 casos, de los cuales el 42% correspondían a reincidentes.
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Para atender esta problemática, se trabajará en coordinación con instituciones como los Centros de Integración Juvenil, donde se diferenciarán los casos de consumo esporádico de sustancias de aquellos que presentan problemas de adicción. “No podemos tratar de la misma manera a un menor que ha consumido una o dos veces que a alguien con una adicción desarrollada. Cada caso se canalizará de acuerdo con protocolos específicos”, explicó el director.
Además, se establecerá un seguimiento a través del área de trabajo social y psicología, para verificar que tanto los menores como sus familias cumplan con las medidas de reinserción establecidas. En caso de incumplimiento, los padres podrían ser citados nuevamente para comparecer ante el juzgado cívico e incluso enfrentar sanciones económicas.
Actualmente, el Congreso del Estado analiza una iniciativa que podría sancionar directamente a los padres de menores infractores. Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, se está evaluando la viabilidad de aplicar multas en casos de reincidencia.
“Lo que queremos no es solo sancionar, sino que los jóvenes se reintegren positivamente a la sociedad. No buscamos presionar a los padres, sino trabajar con ellos para lograr que los menores reconduzcan su comportamiento y contribuir a la tranquilidad en las colonias”, señaló De Luna Martínez.
Se estima que el juzgado cívico para menores inicie operaciones en junio o julio de este año, con la intención de que pueda estar en funcionamiento antes del inicio de la Feria Nacional de San Marcos
El nuevo espacio permitirá una atención más especializada a los menores y sus familias, ofreciendo una alternativa de justicia restaurativa enfocada en la prevención y la reinserción social.
