Tras las polémicas decisiones de los Comités de Evaluación de los tres poderes locales, han comenzado a presentarse impugnaciones contra sus determinaciones, justo cuando está por iniciar la impresión de las boletas electorales. De acuerdo con información recibida, el Tribunal Electoral del Estado ya tiene conocimiento de estas impugnaciones.

Sin embargo, sin ánimo de ser pesimistas, conocemos el proceder de este tribunal, que, al igual que muchos otros organismos, está cooptado por cuotas de poder. Sus integrantes han decidido vender su independencia a cambio de un salario y una jubilación digna, dejando como daño colateral a la justicia y la democracia en la entidad. 

Por ahora, dicho tribunal deberá revisar las impugnaciones presentadas y tomar decisiones. No obstante, la mayor incertidumbre radica en qué autoridad deberá responder. Recordemos que los Comités de Evaluación oportunamente se lavaron las manos y, una vez enviada la lista de candidatos seleccionados, desaparecieron sin esperar siquiera a responder posibles requerimientos. Como suele suceder en el ámbito gubernamental, la carga recaerá en quienes sí trabajan, aunque sean los menos remunerados. 

En este contexto, parece poco probable que las impugnaciones prosperen, no por pesimismo, sino por realismo. Aun en el escenario en que los demandantes obtuvieran un fallo favorable, ¿a quién se le exigiría modificar la lista de candidatos si el ente que los propuso ya no existe?

Mejor ni le muevan 

En torno a la reforma judicial, Morena parece estar cayendo en contradicciones. Su líder estatal, Gilberto Gutiérrez, y el diputado local, Fernando Alférez, han declarado que su partido está inconforme con la forma en que se designaron los candidatos, acusando que el proceso estuvo amañado para que un grupo político tomara el control del Poder Judicial.

La situación no es distinta a nivel nacional, pero el problema es el mismo: el monopolio de la verdad parece estar solo entre dos partidos. Mientras tanto, los demás, incluidos los partidos de nueva creación, permanecen en silencio, sin pronunciarse al respecto. Quizá están más preocupados en administrar sus prerrogativas durante los tres años que les corresponden.

Mientras ninguna figura política o pública levante la voz, cualquier ciudadano que lo haga será señalado como agitador. Por otro lado, los líderes locales de Morena buscan politizar la situación a su favor, intentando que se olvide que las designaciones federales también están plagadas de irregularidades. Resulta, por lo menos, contradictorio que critiquen el proceso local y, al mismo tiempo, guarden silencio sobre lo que ocurre a nivel nacional.

Reflexión 

Quien finalmente mostró señales de vida respecto a los temas locales fue la senadora de Morena, Nora Ruvalcaba, quien hizo un llamado a los legisladores a reflexionar sobre el perfil del próximo fiscal.

No obstante, la invitación llega demasiado tarde, a unas horas de la designación del nuevo titular. En rueda de prensa, la senadora señaló que más que una designación, lo que ocurrirá será una imposición de Manuel Alonso, asegurando que se trata de un intento más del gobierno estatal por blindarse políticamente. Según sus declaraciones, desde el inicio de esta administración, la incidencia delictiva ha aumentado un 9.36%.

Pecado de omisión

El fin de semana trascendió que un deportista hidrocálido sufrió una fractura vertebral en un evento de lucha libre realizado en el Lienzo Charro de la Isla San Marcos.

Inicialmente, se cuestionó a la empresa promotora del espectáculo por las irregularidades detectadas: menores instalando las cuerdas del ring, la ausencia de protocolos médicos adecuados y el hecho de que el luchador tuvo que trasladarse por su propio pie para recibir atención médica.

Se señaló que la empresa no quería hacerse responsable de los daños ni había establecido contacto con los familiares del afectado. Posteriormente, el alcalde Leo Montañez aseguró que se estaba brindando la atención necesaria. Ayer, el coordinador de Protección Civil, Eduardo Muñoz León, declaró que fue el propio municipio quien supervisó el evento y, en pocas palabras, desconocen qué ocurrió.

La realidad es otra: sí lo saben, pero omiten reconocer la falta de regulación de este tipo de eventos, así como la escasa transparencia en los permisos que otorga el municipio. Al final, lo único que parece importar es la recaudación, y cuando surgen problemas, simplemente se echan la culpa unos a otros o encuentran una solución tardía.

Hechos violentos

El fin de semana, la entidad fue nuevamente testigo de diversos hechos violentos ocurridos en distintos puntos.

Las autoridades insisten en que estos actos son “daños colaterales” derivados del trabajo que realizan, el cual, según argumentan, ha generado descontento entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, lo preocupante es que cada vez es más común que esta violencia llegue a los medios de comunicación.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, declaró en entrevista que estos sucesos forman parte de una disputa entre grupos delictivos que buscan ingresar a la entidad. Se espera que las autoridades mantengan su postura firme, pero también que el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fortalezca la estrategia en esta materia.

Urban Economy Forum

La gobernadora Tere Jiménez y el secretario de Economía del Estado, Esaú Garza, se reunieron con miembros del Urban Economy Forum para presentar proyectos estratégicos en salud, economía, sustentabilidad y seguridad.

El objetivo es colaborar con iniciativas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sería deseable que este esfuerzo sirviera como punto de partida para trabajar de la mano con asociaciones civiles locales, que desde hace tiempo impulsan acciones en estos mismos ámbitos.

Por lo pronto, se agradece la intención de establecer vínculos con instancias internacionales.

Siguen los movimientos

Continúan los ajustes en las delegaciones federales. En esta ocasión, se anunció el nombramiento de Sindy González como encargada del INFONAVIT, quien tendrá la tarea de implementar la reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.

En temas menos relevantes

Para concluir, y en asuntos de menor importancia pero igual de cuestionables, los diputados federales del PAN presentaron una iniciativa para cambiar el nombre de “Estados Unidos Mexicanos” por “México”.

Dicha propuesta no es nueva, pues ya había sido impulsada por el expresidente Felipe Calderón al final de su mandato. En su momento, la Cámara de Diputados desechó la propuesta, pero hoy, en medio de crisis en el sector salud y otros problemas urgentes, los legisladores panistas han decidido retomarla.