Ya no es novedad el que la Casa Blanca ha decidido que los cárteles mexicanos no solo son organizaciones criminales, sino que ahora también se han ganado el título de “terroristas globales”. Y como bien nos ha enseñado la historia reciente, cuando EE.UU. etiqueta algo como “terrorismo”, lo siguiente suele implicar drones, operaciones encubiertas y, en el mejor de los casos, alguna “intervención quirúrgica” en nombre de la seguridad nacional.
El asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mike Waltz, no se anda con rodeos: “Vamos a desatar un infierno sobre los cárteles. Ya fue suficiente”, dijo en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), dejando claro que, si de ellos depende, los narcotraficantes mexicanos no dormirán tranquilos. Pero no solo eso, también dejó caer una pequeña insinuación de lo que podría significar esta ofensiva: patrullajes conjuntos entre el Ejército estadounidense y las Fuerzas Armadas mexicanas. Porque, claro, cuando se trata de vigilancia militar en la frontera, la soberanía siempre es un concepto muy flexible.
¿Terrorismo o política? La etiqueta que lo cambia todo
Bajo la administración de Trump, los cárteles de la droga han sido designados como “organizaciones terroristas”, una clasificación que, más allá del impacto retórico, tiene serias implicaciones. En la práctica, esto permitiría a EE.UU. justificar intervenciones directas contra estos grupos, al mismo estilo de sus acciones en Afganistán e Irak. El agente de la DEA en México, Todd Zimmerman, lo explicó con notable franqueza: si los cárteles no cooperan, “podrían ser vaporizados”. Sutil.
Y si hay algo en lo que la administración Trump ha sido consistente es en su promesa de “mano dura” contra el crimen organizado, aunque sea del otro lado de la frontera. La narrativa no ha cambiado: los cárteles son el enemigo número uno, responsables de la crisis del fentanilo y la inseguridad en EE.UU.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la insinuación de que su gobierno tiene algún tipo de alianza con el crimen organizado, pero ha defendido la colaboración con la CIA y otras agencias estadounidenses en la lucha contra el tráfico de drogas. Una postura que, dependiendo de la perspectiva, puede interpretarse como pragmatismo o como una peligrosa concesión.
Drones sobre México: “vigilancia” sin intervención… por ahora
Uno de los puntos más preocupantes de esta estrategia es el despliegue de drones de la CIA sobre territorio mexicano. Oficialmente, estos dispositivos no están armados (todavía), pero su presencia refuerza la narrativa de un control aéreo cada vez más extendido. Según Zimmerman, los drones han servido para rastrear precursores químicos provenientes de China y localizar laboratorios clandestinos de fentanilo, aunque reconoce que identificarlos es “extremadamente difícil”, ya que suelen estar escondidos en casas, patios traseros y lonas.
Si bien EE.UU. aún no ha utilizado drones armados en suelo mexicano, la idea de que puedan pasar de la vigilancia a los ataques no es una fantasía. Solo basta recordar lo ocurrido en Medio Oriente para entender que, cuando Washington define un enemigo como “terrorista”, la distancia entre el monitoreo y la ofensiva militar puede ser corta.
¿Guerra contra los cárteles o una estrategia electoral?
No es casualidad que esta retórica belicista resurja justo cuando Trump busca consolidar su narrativa de seguridad para un segundo mandato. Convertir a los cárteles en el nuevo “enemigo número uno” sirve tanto para justificar una política de inmigración más agresiva como para reforzar su imagen de líder fuerte.
El timing tampoco es accidental: la administración de Trump ha celebrado recientemente la captura de Kevin Alonso “N”, presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo. La embajada estadounidense en México no tardó en felicitar a las autoridades por este golpe al crimen organizado, dejando claro que la cooperación sigue su curso.
Mientras tanto, en México, la respuesta oficial a estas declaraciones ha sido más bien tibia. Hasta el momento, no ha habido un rechazo contundente a la posibilidad de una mayor intervención estadounidense en el país. Esto deja abierta la pregunta: ¿hasta dónde llegará esta “colaboración” antes de cruzar la línea roja de la soberanía?
En conclusión, el discurso de EE.UU. sobre la lucha contra los cárteles se mueve entre la necesidad real de combatir el tráfico de drogas y una estrategia política perfectamente calculada. Sin embargo, lo que está en juego no es solo una narrativa de campaña, sino la posibilidad de que la militarización de la frontera se convierta en algo mucho más grande: una intervención disfrazada de cooperación.
