Con una votación mayoritaria en sesión reservada, el Congreso del Estado de Campeche aprobó la despenalización del aborto, convirtiéndose en la entidad número 22 en garantizar este derecho a las mujeres y personas gestantes. La decisión, tomada la noche del 24 de febrero, responde a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2023 declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo.
La iniciativa, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y respaldada por diversas colectivas feministas, elimina del Código Penal del estado toda sanción contra quienes decidan interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Además, fortalece las sanciones contra quienes obliguen a una mujer a abortar en contra de su voluntad, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión en casos donde haya violencia física o psicológica.
El fallo legislativo fue celebrado por organizaciones de derechos humanos y colectivas feministas, quienes lo consideran un avance fundamental para la justicia social y la autonomía de las mujeres en el estado. Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Codhecam, calificó esta aprobación como “una deuda histórica con los derechos de las mujeres”, enfatizando que se trata de una medida que protege la salud física y mental de quienes decidan interrumpir su embarazo sin temor a ser criminalizadas.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Diversos grupos religiosos y organizaciones antiaborto manifestaron su descontento, asegurando que impugnarán la decisión. Más Vida Más Familia, una de las agrupaciones opositoras, calificó la despenalización como “una vergüenza” y un “abuso legislativo”. Por su parte, el obispo de Campeche, José Francisco González González, condenó la medida, asegurando que fomenta una “cultura de la muerte”.
A pesar de la oposición de algunos sectores, la decisión del Congreso de Campeche marca un nuevo hito en la lucha por los derechos reproductivos en México. Con esta resolución, el estado se alinea con el mandato de la SCJN, que establece que la penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
A nivel nacional, 22 estados han ajustado sus legislaciones para garantizar la interrupción legal del embarazo, consolidando una tendencia progresista en favor de los derechos reproductivos en el país. Mientras en algunos estados la despenalización ha sido aprobada por sus congresos locales, en otros ha ocurrido por mandato judicial.
El avance de la “Marea Verde” en México refleja una transformación en la legislación y en la sociedad, que cada vez más reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La aprobación en Campeche no solo representa una victoria para los derechos humanos, sino también una señal de esperanza para quienes siguen luchando por la autonomía y la equidad de género en el país.
