En la tierra de la libertad (para algunos), la educación pública—derecho inalienable según la Constitución—se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la agenda antimigratoria. Bajo la administración de Donald Trump, la educación de niños indocumentados está en jaque, mientras legisladores estatales desentierran viejas disputas jurídicas y buscan desafiar el fallo Plyler v. Doe (1982), aquel que garantizó que la educación pública no podía negarse por el estatus migratorio. Ahora, una serie de proyectos de ley en Tennessee, Indiana, Texas y Oklahoma pretenden volver a la era en la que aprender a leer y escribir era un privilegio, no un derecho.
Redadas en escuelas: Porque la educación es peligrosa
El sueño americano viene con condiciones. Trump, en su cruzada por devolverle la “grandeza” a Estados Unidos, ha autorizado redadas en iglesias y escuelas, lugares que, en tiempos menos distópicos, eran considerados espacios protegidos. La administración republicana ha decidido que la presencia de niños migrantes en las aulas no solo es una amenaza económica (porque al parecer aprender cuesta demasiado cuando quien lo hace no tiene papeles), sino que también es un riesgo para la seguridad nacional.
Las medidas incluyen desde prohibiciones directas de inscripción hasta censos escolares de alumnos sin estatus legal, como si la escuela fuera un control migratorio más. Mientras algunos estados como Illinois y Nueva York se resisten, otras entidades como Tennessee, Texas e Indiana avanzan con propuestas que buscan negar la matrícula a niños migrantes, o al menos, contar cada peso gastado en su educación para después pedir reembolsos al gobierno federal.
Tennessee, Indiana y Texas: Porque el problema no es la educación, sino quién la recibe
Si hay algo que preocupa a los legisladores republicanos es que el dinero de los contribuyentes se use en educación… de niños indocumentados. En Tennessee, el representante William Lamberth dejó claro que sus comunidades no deben “sufrir” cuando el gobierno federal falla en controlar la frontera. La solución: una propuesta que permitiría a los distritos escolares rechazar la matrícula de niños sin estatus legal. Porque, por supuesto, el problema no es la educación deficiente ni la falta de recursos, sino quién está sentado en el pupitres.
Indiana no se quedó atrás y presentó una ley que, además de negar la inscripción a estudiantes sin papeles, establece la obligación de rastrear cuántos de ellos existen en el sistema escolar, su tasa de asistencia y si reciben clases de inglés. Texas, siempre innovador en políticas antimigratorias, propone un censo de niños indocumentados con el objetivo de solicitar al gobierno federal el reembolso de los costos asociados a su matrícula. Si educar a estos niños no es opcional, al menos quieren que el país les devuelva el dinero gastado en el intento.
Oklahoma: La obsesión por los papeles llega a las escuelas
El superintendente estatal republicano Ryan Walters tuvo una idea brillante: exigir que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía al inscribirse. Técnicamente, no se prohíbe la matrícula a los indocumentados, pero sí se obliga a las escuelas a registrar su presencia y mantenerlos bien identificados. En una extraña coincidencia histórica, este tipo de estrategias de clasificación y segregación no suelen terminar bien.
Lo irónico es que el gobernador Kevin Stitt ha mostrado resistencia a esta medida, argumentando que las autoridades deberían centrarse en perseguir criminales y no a los niños. Pero, al parecer, no todos en su partido comparten la misma opinión sobre lo que constituye una prioridad.
La resistencia de las “ciudades santuario”
A pesar de las políticas agresivas de algunos estados, varias “ciudades santuario” están defendiendo a sus estudiantes migrantes. En Nueva York y Chicago, las escuelas han lanzado campañas para proteger a los niños indocumentados, informándoles sobre sus derechos y negando el acceso a agentes migratorios.
En Chicago, las Escuelas Públicas han dejado claro que no cooperarán con ICE y que, si los agentes aparecen con órdenes judiciales, ya tienen abogados listos para responder. En Nueva York, las escuelas han repartido tarjetas con información legal y han declarado que su compromiso es con la comunidad escolar, no con la agenda política.
Por otro lado, algunos estados han implementado medidas de “protección” que rayan en lo absurdo: profesores asegurando a los niños que “estos temas no son su problema” mientras aumentan las ausencias por miedo a ser deportados, y directivos cerrando las puertas con llave para evitar visitas inesperadas del gobierno.
La paradoja de la educación en EE.UU.: Derecho constitucional vs. Realidad política
El caso Plyler v. Doe dejó en claro que negar la educación a niños migrantes genera desigualdad, perpetúa la pobreza y limita su desarrollo social y económico. Sin embargo, el panorama actual sugiere que algunos estados están dispuestos a ignorar esta jurisprudencia con tal de reducir la presencia de migrantes en las aulas.
Mientras la Heritage Foundation y otros grupos de derecha presionan para una revisión del fallo en la Corte Suprema, miles de niños indocumentados siguen asistiendo a la escuela con miedo a que, en cualquier momento, su educación les sea arrebatada.
La pregunta sigue en el aire: ¿realmente se trata de dinero y seguridad, o simplemente de un intento más de exclusión institucionalizada? Parece que, para algunos políticos, el acceso a la educación no es un derecho universal, sino un privilegio reservado solo para quienes tienen los “papeles correctos”.
