Estados Unidos y su incansable lucha contra el mal—o al menos el que le conviene—ha decidido que seis cárteles mexicanos ahora entran en la misma categoría que Al Qaeda o ISIS. En un golpe de efecto que suena más a política interna que a una solución real, la Administración de Donald Trump ha declarado organizaciones terroristas seis grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, Facción del Cártel Noreste de los Zetas, Cárteles Unidos, Familia Michoacana y otros habituales en la lista negra del narcotráfico. Por si fuera poco, ha añadido a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua, dos pandillas de Centro y Sudamérica, en un intento de darle un toque más internacional al asunto.
La medida, publicada en el Federal Register, el diario oficial de EE.UU., llega con la promesa de erradicar “las amenazas a la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental”, aunque convenientemente olvida mencionar que buena parte del problema está del lado estadounidense: demanda de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero no solo busca congelar activos o prohibir transacciones con estas organizaciones—algo que ya se hacía—sino abrir la puerta a respuestas más agresivas, incluyendo operaciones militares.
Y aquí es donde entra el verdadero conflicto. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que su país no está dispuesto a aceptar intromisiones bajo el pretexto de la lucha contra el crimen. Aunque Sheinbaum ha insistido en que la cooperación es posible, ha subrayado que México sigue siendo un país “libre, independiente y soberano” (por si a alguien se le olvidaba). Además, no ha dudado en señalar que, si los cárteles son terroristas, entonces las compañías de armas en EE.UU. que los abastecen bien podrían ser cómplices de terrorismo. No es un argumento menor si se considera que el 74% de las armas incautadas a criminales en México provienen del norte.
Por supuesto, esto ha generado una serie de tensiones diplomáticas. Mientras Trump hace declaraciones en Mar-a-Lago sobre cómo México está “gobernado en buena medida por los cárteles” y lo culpa de la crisis del fentanilo, su gobierno omite mencionar el papel clave que juegan las farmacéuticas y distribuidores estadounidenses en la epidemia de opioides. Pero el discurso es claro: los males de Estados Unidos siempre vienen de fuera, y qué mejor enemigo que el narcotráfico mexicano para justificar medidas más drásticas en política migratoria, comercio y seguridad.
Esta decisión tampoco es una ocurrencia repentina. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, EE.UU. ha usado su ley antiterrorista para intervenir en diversos conflictos, aplicando sanciones financieras y, en algunos casos, fuerza militar. La diferencia es que ahora esta herramienta se está usando para tratar un problema que, aunque grave, tiene un componente de corresponsabilidad que Washington prefiere ignorar. Además, la inclusión de los cárteles mexicanos en esta lista no es garantía de éxito, ya que hasta ahora la “Guerra contra las Drogas” solo ha dejado más violencia y un mercado negro más lucrativo.
Para completar el cuadro, la CIA ha incrementado sus vuelos de espionaje sobre territorio mexicano, lo que ha generado más suspicacias sobre la verdadera intención detrás de la medida. Sheinbaum ha intentado minimizar el impacto, señalando que estos operativos no son nuevos, aunque es evidente que con Trump de regreso en la Casa Blanca, el ritmo de estas operaciones ha aumentado. La pregunta ahora es si esta estrategia es un simple golpe mediático o si realmente abrirá la puerta a intervenciones más directas en México.
Mientras tanto, la diplomacia mexicana se enfrenta a un dilema: endurecer su postura y arriesgarse a represalias comerciales o militares, o jugar el juego diplomático con la esperanza de que las cosas no escalen demasiado. Lo único seguro es que, una vez más, la relación México-EE.UU. está marcada por un equilibrio frágil entre la cooperación y el conflicto.
