La política migratoria de Donald Trump ha vuelto a colocar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México en el centro del debate. La administración del exmandatario ha confirmado la reanudación de la construcción del muro, con una expansión proyectada de al menos 127 kilómetros, una medida que no solo reactiva una de sus promesas de campaña más polémicas, sino que también aviva la discusión sobre su efectividad y repercusiones.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ya está en fase de planeación para esta ampliación. Aunque no se ha determinado una fecha exacta de inicio, la seguridad en la frontera ha sido reforzada con vallas de púa y el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que sugiere que las operaciones han comenzado a tomar forma de inmediato.
Desde su primera campaña presidencial en 2016, Trump ha utilizado la construcción del muro como un símbolo de su postura antiinmigración, justificándolo como una solución al cruce irregular de migrantes, el tráfico de drogas y armas. En su momento, afirmó que México costearía su construcción, algo que nunca se materializó. Aunque su administración logró avances en la construcción de la barrera, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca detuvo el proyecto. Ahora, con Trump nuevamente al mando, el muro regresa como una de sus prioridades.
Este anuncio se da en un contexto de endurecimiento de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. En respuesta a acuerdos entre ambos países, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha ordenado el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en zonas clave como Baja California, Sonora y Tamaulipas, estados donde los cárteles de la droga operan con intensidad y el tráfico de migrantes es alto. La decisión forma parte de un pacto con Washington para frenar el flujo de fentanilo y, al mismo tiempo, evitar la aplicación de aranceles del 25% a productos mexicanos.
El regreso del muro fronterizo ha provocado fuertes reacciones. Mientras los sectores conservadores en Estados Unidos celebran la medida como un paso hacia el “control migratorio”, activistas y defensores de derechos humanos la consideran una estrategia populista disfrazada de seguridad. Daniel Watman, director de programas del Parque de la Amistad en Tijuana, denunció que la militarización de la frontera y la expansión del muro no tienen un impacto real en la seguridad, sino que benefician a la industria privada: “Es parte de una industria que genera mucho dinero para mucha gente y no protege a nadie”.
El Parque de la Amistad, un espacio creado en 1971 como símbolo de unión entre México y Estados Unidos, ha sido afectado por las obras de expansión del muro, lo que subraya las implicaciones sociales de la medida. “Nuestra idea es que sea un parque donde las personas puedan reencontrarse con sus familias y fomentar la amistad entre ambas naciones. Pero con esta expansión, se están reforzando las barreras físicas y políticas”, añadió Watman.
Además del impacto social, también existen dudas sobre los fondos destinados a esta obra. Watman señaló que, a pesar de que autoridades previamente indicaban que no había financiamiento disponible para la construcción del muro, los trabajos han avanzado rápidamente desde el regreso de Trump al poder, lo que genera preguntas sobre cómo se está costeando esta ampliación.
La decisión de reanudar la construcción del muro fronterizo ilustra cómo la seguridad migratoria sigue siendo un tema polarizante en la política estadounidense. Mientras la administración de Trump busca endurecer sus medidas para contener la migración y el tráfico de drogas, las críticas apuntan a que esta estrategia está más ligada a intereses políticos y económicos que a una solución real del problema. La frontera se convierte nuevamente en un escenario donde se enfrentan discursos de seguridad y derechos humanos, con repercusiones directas para miles de migrantes y para la relación entre ambos países.
