La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) concluyó con una crisis de desapariciones que ha alcanzado dimensiones históricas. En seis años, más de 50,000 personas han desaparecido en México, superando los registros de los gobiernos anteriores. Este fenómeno no solo ha crecido en números absolutos, sino que también ha superado las cifras de homicidios dolosos en diversas entidades, reflejando un patrón alarmante de inseguridad y ausencia de garantías para los ciudadanos.
Más desaparecidos que homicidios: una tendencia alarmante
El informe de Causa en Común titulado “Es imposible e inmoral esconder el drama de los desaparecidos” reveló que en siete estados del país las desapariciones han superado los homicidios dolosos y feminicidios en 2024. Entre estos estados destacan Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas. En esta última entidad, aunque los homicidios dolosos han mostrado una reducción en los últimos cuatro años, las desapariciones se han duplicado.
El total de desapariciones en el sexenio de AMLO ascendió a 57,271, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que los homicidios dolosos y feminicidios alcanzaron cerca de 200,000. Si bien la cifra de homicidios es considerablemente mayor a nivel nacional, a nivel local el panorama cambia drásticamente. En la Ciudad de México, por ejemplo, el número de homicidios se redujo de 1,644 en 2018 a 985 en 2024, pero las desapariciones se dispararon de 69 en 2018 a 1,679 en 2024.
Fosas clandestinas y crisis forense
El sexenio también estuvo marcado por el hallazgo de 2,800 fosas clandestinas, según reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Estas cifras son parte de una problemática estructural que ha convertido a México en un país de “nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”. Causa en Común denunció la falta de recursos para la identificación de los restos humanos encontrados, lo que agrava la crisis de desapariciones.
El informe también señala que el Sistema Nacional de Búsqueda, que debería articular la respuesta institucional ante esta problemática, “no existe” de facto, debido a la carencia de presupuesto y respaldo político. De hecho, el financiamiento para la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) en 2025 es menor que el destinado a otras fiscalías especializadas, como la que investiga delitos contra los derechos de autor.
El censo de desaparecidos: opacidad y revictimización
Uno de los episodios más controvertidos en la gestión de las desapariciones fue el censo impulsado por el gobierno federal para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Colectivos y expertos denunciaron que este esfuerzo carecía de transparencia y metodología rigurosa.
Desde junio de 2023, servidores de la nación realizaron visitas casa por casa para verificar si las personas reportadas como desaparecidas seguían en esa condición. Sin embargo, se documentaron irregularidades, como casos de personas registradas como localizadas cuando en realidad seguían desaparecidas. Además, se acusó al gobierno de intentar reducir artificialmente las cifras de desapariciones mediante criterios poco claros.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Gabriella Citroni, integrante del organismo, subrayó que “si alguien no está registrado como desaparecido, no se le va a buscar, no se van a reconocer los derechos de la familia”.
Un sexenio con más desaparecidos que nunca
Las cifras de desapariciones en el sexenio de AMLO han superado a las de gobiernos anteriores de manera significativa. Durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), se reportaron 16,901 desapariciones; en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra ascendió a más de 32,000. Pero el gobierno de López Obrador cerró con un total de 53,984 personas desaparecidas.
El aumento de las desapariciones se dio en un contexto en el que la estrategia de “abrazos, no balazos” fue cuestionada por su ineficacia para contener la violencia. Mientras AMLO enfatizaba un enfoque humanitario, los cárteles se fortalecieron, según expertos en seguridad. “La violencia sigue desbordando todo control”, afirmó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Una deuda pendiente
A pesar de la magnitud de la crisis, el gobierno de AMLO minimizó reiteradamente el problema. En una de sus últimas conferencias, el expresidente declaró: “No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres”. Sin embargo, la realidad de los hechos y las cifras contradicen esta afirmación.
México cierra un sexenio con una crisis humanitaria de desapariciones sin precedentes y un Estado incapaz de responder con eficacia. Mientras las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia y verdad, la deuda con los desaparecidos persiste como una herida abierta que el próximo gobierno tendrá que enfrentar con urgencia.
