El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su plan para abordar la crisis de desapariciones en México ha generado una ola de críticas y escepticismo entre colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia. Aunque algunos sectores ven positivo que el tema finalmente haya sido abordado con seriedad desde el Ejecutivo, la mayor parte de las medidas propuestas no representan innovaciones reales, sino compromisos ya establecidos en la Ley General en Materia de Desapariciones, vigente desde 2017, cuyo cumplimiento sigue rezagado.
Un plan basado en lo ya existente
Diversos colectivos han manifestado que el plan de Sheinbaum refleja un desconocimiento profundo del marco normativo y de los mecanismos existentes. La propuesta de crear una “Base Nacional Única de Información Forense”, por ejemplo, ya está contemplada en la legislación vigente como el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha ignorado sistemáticamente. Asimismo, la “Plataforma Nacional de Identificación Humana” que propone Sheinbaum no es un concepto nuevo; la ley ya establece la existencia del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), creado en 2022 y posteriormente desmantelado en 2023.
En cuanto a la promesa de nuevos protocolos de búsqueda y eliminación de la espera de 72 horas para abrir investigaciones, las organizaciones recordaron que el Protocolo Homologado de Búsqueda ya contempla la búsqueda inmediata. El problema, según los críticos, no es la falta de normatividad, sino la omisión y negligencia de las autoridades responsables de aplicarla.
Falta de voluntad política y ausencia de las familias en el plan
Uno de los reclamos más insistentes por parte de los colectivos ha sido la exclusión de las familias de las víctimas en el diseño y ejecución del plan. “Sin las familias, no”, ha sido la consigna reiterada de las madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos. El hecho de que las reformas y medidas anunciadas por Sheinbaum no hayan sido consultadas con los colectivos genera dudas sobre su eficacia y legitimidad.
Además, activistas han enfatizado que el problema de la crisis de desapariciones no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de voluntad política para romper con la impunidad y la corrupción que permea las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.
Críticas a la titularidad de la CNB y CEAV
Otro punto de conflicto ha sido la continuidad de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Organizaciones de búsqueda han exigido su destitución debido a su falta de experiencia técnica y su actitud prepotente hacia las familias. De igual forma, han solicitado la remoción de Martha Yuriria Rodríguez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), argumentando que no basta con incrementar el presupuesto si las personas a cargo no cuentan con la capacidad ni la sensibilidad para desempeñar sus funciones.
Polémica por la equiparación de desaparición con secuestro
Uno de los anuncios más controversiales de Sheinbaum ha sido la intención de equiparar la desaparición con el delito de secuestro. Para organizaciones como el Centro Prodh y expertos en derechos humanos, esta medida desnaturaliza el fenómeno de la desaparición y su tratamiento legal, invisibilizando a las víctimas. La desaparición forzada implica la participación u omisión del Estado, lo que la hace un crimen de lesa humanidad, distinto del secuestro.
Compromisos válidos, pero insuficientes
Si bien algunas medidas, como el fortalecimiento del CNIH y la publicación mensual de cifras de desapariciones, son vistas como avances, la preocupación principal es la falta de mecanismos de rendición de cuentas y sanción a las autoridades omisas.
Además, colectivos y expertos coinciden en que Sheinbaum no ha contemplado la implementación de recomendaciones internacionales clave, como las emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que incluyen la creación de un Mecanismo Extraordinario contra la Impunidad y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Más allá del discurso, se necesita acción real
La reacción general de los colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos ante el plan de Sheinbaum oscila entre la esperanza cautelosa y el escepticismo fundado. Aunque se reconoce que el gobierno federal está poniendo atención en el tema, la falta de nuevas estrategias, la omisión de los colectivos en la toma de decisiones y la continuidad de funcionarios ineficaces ponen en duda la eficacia de las medidas.
El principal reto del gobierno de Sheinbaum no es redactar nuevas leyes ni anunciar planes sin sustento, sino garantizar la aplicación de la legislación vigente, castigar la negligencia y la corrupción en las instituciones encargadas de la búsqueda y, sobre todo, reconocer el papel fundamental de las familias en la construcción de soluciones reales. Sin este compromiso, la crisis de desapariciones en México seguirá siendo una herida abierta en la sociedad.
