El hallazgo de al menos tres crematorios clandestinos y un supuesto campo de adiestramiento del crimen organizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, ha revivido una de las heridas más profundas de México: la crisis de desapariciones forzadas. Ante esto, colectivos de madres buscadoras y activistas han lanzado una convocatoria para declarar el 15 de marzo de 2025 como un día de luto nacional.
Bajo la frase “contra el horror y el infierno”, organizaciones como Huellas de la Memoria y la Red Regional de Familias Migrantes han pedido a la sociedad sumarse a una vigilia que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 17:00 horas. El plan es reunir 400 pares de zapatos, el mismo número de los que fueron encontrados en el rancho. Además de 400 veladoras.
El llamado es claro: exigir a las autoridades una respuesta real ante una crisis que ha sido ignorada por demasiado tiempo.
¿Por qué el gobierno no declara luto nacional?
A pesar de la magnitud de la tragedia, el gobierno federal ha optado por la comodidad del silencio. Aunque Sheinbaum calificó la situación como “terrible” y aseguró que su gobierno está del lado de las víctimas, no parece suficiente.
En sexenios anteriores y en el actual, la estrategia parece ser la misma: dejar la responsabilidad en manos de los estados y, lo más grave, en las propias familias de las víctimas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha señalado que la crisis de desapariciones sigue sin cambios estructurales, a pesar del cambio de administración.
“La conmoción que ha causado el hallazgo en Jalisco debería llevar a una revisión profunda del tema, que se ha relegado. La Federación no puede esquivar su responsabilidad dejando todo en los estados. Sigue faltando una política de Estado frente a la crisis de desapariciones”, advirtió la organización.
Mientras tanto, miles de familias siguen buscando a sus seres queridos con sus propios medios, enfrentándose a la burocracia, la indiferencia y, en muchos casos, a las mismas estructuras criminales que el Estado no ha logrado desmantelar.
