En nuestro país la precariedad laboral parece ser la norma, bajo ese contexto, la desesperación por encontrar un empleo puede llevar a las personas a confiar en oportunidades que parecen buenas (demasiado buenas), pero terminan siendo una trampa. Anuncios con promesas de sueldos altos, trabajos en otras ciudades o “fáciles” sin experiencia pueden terminar en explotación, redes de trata o directamente en la desaparición.
Las víctimas no son culpables por querer una vida mejor. Nadie debería ser castigado por aspirar a un futuro digno. Si bien cada persona es responsable de su seguridad individual, el Estado es quien debería garantizar que existan condiciones laborales seguras y prevenir que la desesperación se convierta en una sentencia de muerte.
Hoy, la ausencia de estas garantías es también parte del problema. No hay suficientes oportunidades de empleo formales, bien pagadas y protegidas. No hay suficiente regulación para evitar que redes criminales operen bajo la fachada de empleadores. No hay suficientes respuestas cuando alguien desaparece.
Por eso, más que nunca, el 15 de marzo no solo debe ser un día de duelo, sino una fecha para la reflexión y la exigencia. No podemos normalizar la ausencia, ni aceptar que buscar trabajo sea un riesgo de vida.
Ese día, aunque el gobierno no lo declare oficialmente, México se vestirá de luto. Porque el dolor de las familias es compartido. Y porque el derecho a la vida y a la justicia no debería ser una demanda, sino una garantía.
