En un país donde la realidad supera cualquier guion de thriller policiaco, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido enfrentarse a la crisis de desapariciones con un paquete de reformas que prometen cambiar la narrativa. Bajo el lema de “toda la fuerza del Estado”, la presidenta ha presentado seis iniciativas que, al menos en papel, buscan fortalecer la búsqueda, investigación y atención a las víctimas.
¿Una estrategia contundente o solo reacción ante la presión?
El anuncio llega en medio de protestas y un escándalo mediático tras el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos ciudadanos encontraron evidencias de un sitio utilizado para el reclutamiento forzado y desaparición de personas. La indignación social y la presión internacional obligaron al gobierno a moverse rápido, con Sheinbaum asegurando que en su administración no habrá “verdades históricas oscuras” ni impunidad.
Pero, ¿qué implica realmente este plan?
Las seis iniciativas de reforma: el gran paquete de Sheinbaum
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)
Un decreto presidencial busca mejorar la capacidad operativa de la CNB, dotándola de tecnología y metodologías científicas para agilizar la localización de personas desaparecidas. La pregunta es: ¿por qué esto no se hizo antes?
- Base Única de Información Forense
Se creará un sistema centralizado con datos forenses de todas las fiscalías estatales y la FGR. Se incluirán registros administrativos y hasta el padrón del INE para cotejo de huellas dactilares. La idea es clara: reducir la dispersión de información. Aunque suena bien, la implementación real suele ser el talón de Aquiles de cualquier política pública en México.
- Búsqueda inmediata sin esperar 72 horas
Aunque parece increíble, hasta ahora algunas entidades seguían exigiendo esperar tres días antes de iniciar una investigación por desaparición. La reforma busca eliminar esta laguna legal, estableciendo que toda denuncia active de inmediato una búsqueda. Tardaron, pero al menos llegó.
- Equiparar el delito de desaparición con el secuestro
La reforma propone igualar penas y procedimientos de investigación para ambos delitos. Un movimiento que puede sonar lógico, pero que en la práctica requiere de un sistema judicial fortalecido y fiscalías funcionales… lo que, sabemos, no siempre es el caso.
- Transparencia: cifras públicas de desapariciones
Cada mes se publicarán los datos oficiales sobre carpetas de investigación por desaparición en las fiscalías estatales y la FGR. La medida es clave, aunque de poco servirá si las cifras siguen siendo maquilladas o incompletas.
- Apoyo real a las familias de víctimas
Se fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento legal y psicológico a los familiares. Es un paso importante, pero no soluciona el problema de fondo: que las familias siguen haciendo el trabajo que el Estado no ha querido hacer.
Entre la justicia y la política: ¿quién gana con esto?
El gobierno de Sheinbaum se enfrenta al reto de demostrar que estas medidas son algo más que una estrategia reactiva ante el escándalo de Teuchitlán. Las desapariciones son un problema estructural que ha sobrevivido a múltiples administraciones, y hasta ahora, ninguna ha podido ofrecer una solución efectiva.
Además, en medio de la crisis, la presidenta también ha aprovechado para señalar a la oposición, acusándola de generar una “campaña negra” en redes sociales para desacreditar su administración. Si bien es cierto que los ataques políticos son pan de cada día, la realidad es que la indignación social no necesita bots para existir: las más de 120,000 personas desaparecidas hablan por sí solas.
¿Un verdadero cambio o una promesa más?
El paquete de reformas de Sheinbaum tiene puntos positivos, pero su éxito dependerá de una ejecución eficiente y de la voluntad real del Estado para garantizar justicia. La historia nos ha enseñado que las mejores intenciones muchas veces se pierden entre burocracia, corrupción y falta de seguimiento.
Mientras tanto, los colectivos de búsqueda siguen en la primera línea, haciendo lo que el gobierno debería haber hecho hace años: encontrar a los desaparecidos.
