El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con el FBI y la Fiscal General Pamela Bondi, anunció con gran expectativa la publicación de la primera fase de los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Durante días, la noticia se promocionó como un hito en la transparencia gubernamental, prometiendo la divulgación de información clave sobre la red de tráfico de menores de Epstein y sus posibles cómplices. Sin embargo, lo que se presentó al público terminó siendo una serie de documentos que, lejos de ofrecer revelaciones contundentes, resultaron ser en gran medida archivos ya conocidos y ampliamente difundidos en procesos judiciales previos.
La publicación de aproximadamente 200 páginas de documentos incluyó registros de vuelo, una lista de contactos y una recopilación de evidencias encontradas en las propiedades de Epstein. Estos archivos han estado disponibles en el dominio público durante años, lo que generó una inmediata ola de críticas entre legisladores, periodistas e incluso figuras conservadoras que esperaban información más esclarecedora. En la lista de contactos figuraban nombres de políticos, empresarios y celebridades como Bill Clinton, Donald Trump, Mick Jagger y Alec Baldwin, pero sin pruebas concluyentes que los vincularan a las actividades criminales de Epstein.
El revuelo generado por la falta de información nueva puso en entredicho la verdadera intención de esta desclasificación. No solo se evidenció una clara manipulación mediática al divulgar primero los documentos a influyentes conservadores antes de su publicación oficial, sino que también se avivaron teorías de conspiración sobre un posible encubrimiento de datos comprometidos. La revelación más llamativa fue la lista de “masajistas”, que contenía 254 nombres censurados, lo que levantó sospechas sobre la protección de figuras poderosas que podrían estar implicadas en la red de abuso.
El FBI y la Fiscal General defendieron la publicación argumentando que este era apenas el inicio de una serie de liberaciones progresivas de documentos. No obstante, en un giro inesperado, Bondi aseguró que el FBI aún retiene miles de páginas adicionales que no fueron entregadas y exigió que sean publicadas antes del 28 de febrero. Esta declaración dejó en evidencia la falta de coordinación y transparencia dentro de la misma administración encargada del caso.
Las víctimas y sus abogados han sido los más críticos frente a este proceso, argumentando que la revelación de documentos sin contenido sustancial es una distracción mediática que minimiza el verdadero objetivo: la búsqueda de justicia para las más de 250 menores explotadas por Epstein y sus cómplices. Jordan Merson, abogado de varias de las víctimas, señaló que la publicación de documentos inconsecuentes no repara el daño ni responde a la pregunta más importante: ¿quiénes fueron los cómplices de Epstein y por qué aún no han sido procesados?
A pesar de la promesa de nuevas revelaciones, la incertidumbre sigue dominando el caso. La censura de nombres, la falta de pruebas contundentes y la evidente manipulación del momento y la forma de la publicación refuerzan la sospecha de que la verdad completa aún permanece oculta. La historia de Epstein sigue siendo un símbolo de cómo el poder y las conexiones pueden influir en la justicia, mientras las víctimas continúan esperando respuestas reales y acciones concretas contra los responsables.
