La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado una serie de investigaciones en dos ranchos de la región —Izaguirre y La Vega—, presuntamente utilizados como centros de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La trama, sin necesidad de guiones dramáticos, ya cuenta con más de 70 víctimas, varios detenidos, y un método de reclutamiento que habla más del país que de cualquier serie de narcos.
La historia no es nueva, pero sí cada vez más clara. El pasado 29 de enero, la Guardia Nacional aseguró el rancho La Vega, donde 38 personas fueron encontradas en condiciones sospechosas. A falta de pruebas concretas, 36 de ellas fueron liberadas, aunque se aseguraron 18 cargadores, mil 818 cartuchos útiles, radios, equipo táctico y precursores químicos. Aún sin detallar oficialmente lo que se encontró, las diligencias se extendieron incluso a parcelas, invernaderos y un campo agavero cercano. Nada como un entorno rural para pasar desapercibido.
El relato de las víctimas sugiere un patrón: falsas ofertas de trabajo como guardias de seguridad, con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales, publicadas en redes sociales o grupos cerrados. Una vez convencidos, eran citados en centrales camioneras —principalmente en Zapopan— y llevados a los ranchos. De ahí, la supuesta oferta laboral mutaba en entrenamiento forzoso para tareas criminales, bajo amenazas, tortura o incluso muerte, según declaraciones recopiladas por la FGR y confirmadas por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Las palabras de García Harfuch fueron claras: “De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar”. No obstante, el mismo funcionario se apresuró en aclarar que el sitio no calificaba como un “centro de exterminio”, aunque sí como un campo de entrenamiento con infraestructura adecuada para ese fin. Una pista de entrenamiento incluida, como si fuera parte de un programa oficial… pero sin contrato ni prestaciones.
La operación criminal no fue espontánea ni obra de improvisados. Según las autoridades, estuvo encabezada por una célula liderada por José Gregorio “N”, alias “Comandante Lastra”, detenido el 20 de marzo. Se le atribuye el diseño y ejecución del esquema de engaño, reclutamiento y traslado. Junto a él fueron capturados varios expolicías municipales del municipio de Tala, lo que eleva el caso a una discusión incómoda sobre la colusión institucional.
Y aunque La Vega ha acaparado la atención mediática en días recientes, el foco no puede separarse del ya infame Rancho Izaguirre, a apenas 7 kilómetros de distancia. Ambos puntos han sido relacionados en múltiples reportes, aunque la autoridad aún no ha establecido oficialmente un vínculo operativo. Lo cierto es que ambos aparecen como parte de un mismo patrón de actividades criminales: reclutamiento, adiestramiento y sometimiento.
De fondo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la debilidad estructural de las estrategias de prevención en un país donde un joven desempleado es blanco fácil de una promesa en redes sociales, y donde un “campo de entrenamiento” puede pasar desapercibido hasta que hay denuncias masivas o colectivos de búsqueda alzan la voz. La intervención estatal, aunque tardía, ha servido para rescatar al menos a 70 personas entre ambos operativos. No obstante, la falta de información pública y la opacidad en las investigaciones revelan una fisura más profunda en la gestión de justicia y seguridad.
No se trata solo de un asunto de crimen organizado, sino de un síntoma más del colapso en la oferta laboral legítima, la vigilancia institucional y la contención social. Que haya jóvenes provenientes no solo de Jalisco, sino de entidades como Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, indica un alcance nacional en el modo de operar de estas células. El mapa del reclutamiento forzado ya no tiene fronteras geográficas, solo vacíos de poder.
Mientras los ranchos siguen custodiados y los comunicados oficiales brillan por su ausencia, los testimonios y detenciones configuran un escenario de múltiples omisiones. La fiscalía aún investiga. Las víctimas aún declaran. Y las promesas laborales falsas siguen circulando en línea, esperando al próximo iluso que, sin saberlo, comprará un boleto directo a un infierno que ni Netflix podría escribir mejor.
