Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán (2015-2021), ha sido oficialmente colocado en la lista roja de la Interpol. La ficha emitida en marzo de 2025 responde a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta participación en un desfalco multimillonario al erario estatal. Las autoridades calculan un daño patrimonial de más de 3,412 millones de pesos, cifra que no solo impacta por su volumen, sino por la forma sistemática en que, presuntamente, se operó el desvío de recursos.
El caso, que combina contratos inflados, propiedades cuestionables y viajes internacionales, ha evolucionado en una compleja red de responsabilidades administrativas y penales. Según la FGR, durante el sexenio de Aureoles se firmaron múltiples contratos con la empresa Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. para la adquisición, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles destinados a ser cuarteles policiacos. El problema no solo fue el sobreprecio –que en casos como el de Apatzingán alcanzó hasta 76 millones de pesos más del valor real– sino la falta de comprobación legal sobre la propiedad de algunos terrenos, los convenios sin evidencia de servicio prestado y el hecho de que la empresa en cuestión fue constituida poco antes de recibir los contratos. Todo ello configura, según la FGR, un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.
Las cifras que rodean este entramado son contundentes: siete cuarteles construidos o adquiridos a sobreprecio, irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por más de 28 mil millones de pesos durante el periodo 2016-2021 y un acuerdo reparatorio firmado en 2024 por 900 millones de pesos que, hasta el momento, no ha sido cumplido por la empresa implicada.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido quien confirmó públicamente tanto la emisión de la ficha roja como la calidad de “prófugo de la justicia” de su antecesor. En un tono que mezcla la contundencia política con la pedagogía legal, el gobernador incluso calificó como “amparo patito” un recurso judicial otorgado a uno de los implicados, Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, señalando que no cambia el fondo del proceso judicial ni altera su condición legal.
Aureoles no está solo en esta historia. También se giraron fichas rojas para otros exfuncionarios de su administración: Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, ambos exsecretarios de Seguridad Pública, así como Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones. Varios colaboradores ya han sido vinculados a proceso y permanecen detenidos: entre ellos, Antonio Bernal (exsecretario de Seguridad), Elizabeth Villegas y Mario Delgado (exdelegados administrativos), lo que muestra que el caso ha superado el ámbito de la especulación política para convertirse en una ofensiva judicial estructurada.
Las implicaciones políticas de este caso no pueden obviarse. No solo se trata del colapso reputacional de un exmandatario que alguna vez aspiró a la presidencia de México, sino de una señal de advertencia sobre los límites de la impunidad en el ejercicio público. Sin embargo, aún queda por ver si este esfuerzo judicial será sostenido en el tiempo o si, como en otros casos emblemáticos, el escándalo terminará en acuerdos extrajudiciales y procesos estancados.
La dimensión internacional del caso se refuerza con los registros migratorios que documentan al menos diez salidas del país por parte de Silvano Aureoles entre junio de 2023 y agosto de 2024, a destinos que incluyen Madrid, São Paulo y Houston. La última de estas salidas fue el 20 de agosto de 2024. Desde entonces, no se tiene constancia oficial de su regreso. Esta información fue presentada por la FGR como evidencia de su capacidad de sustraerse de la justicia y como argumento para justificar la solicitud de la ficha roja.
Más allá del proceso legal, este caso expone las vulnerabilidades institucionales en la adjudicación de contratos públicos, el uso discrecional de los recursos estatales y la débil fiscalización en gobiernos subnacionales. Si bien la ficha roja simboliza la internacionalización del caso, la verdadera dimensión del problema sigue estando en casa: en la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, en las estructuras burocráticas que permiten estas operaciones y en los vacíos legales que, muchas veces, solo son atendidos cuando hay presión política o mediática.
La historia de Silvano Aureoles, ahora con tintes globales por la intervención de Interpol, funciona como un recordatorio –incómodo, pero necesario– de que el poder político no debería servir como blindaje frente a la ley. La ficha roja, en este contexto, es más que una alerta internacional: es un diagnóstico de lo que sucede cuando los controles fallan, la opacidad se normaliza y la justicia llega –si llega– con años de retraso.
