El caso judicial contra Rafael Caro Quintero, el otrora poderoso líder del Cártel de Guadalajara —y más tarde figura vinculada al Cártel de Sinaloa—, avanza hacia una posible resolución histórica: la pena de muerte. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York ha dado un plazo de 90 días a la fiscalía estadounidense para decidir si solicitará la pena capital, una determinación que se conocerá el 25 de junio. Hasta entonces, lo que está en juego no solo es el futuro legal del llamado “narco de narcos”, sino también una narrativa de justicia que Estados Unidos busca completar desde hace casi 40 años.
Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico internacional, por liderar una empresa criminal continuada y, el más emblemático, por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. La muerte de Camarena no solo desencadenó una ruptura histórica en las relaciones bilaterales en la lucha contra el narcotráfico, sino que se volvió un símbolo en la cultura popular gracias a la serie Narcos: México. Hoy, el caso está lejos de ser una ficción.
Durante la reciente audiencia celebrada en Brooklyn, se definió que, debido a la posibilidad de la pena capital y la complejidad del caso, Caro Quintero será representado por una nueva abogada: Elizabeth Macedonio, especializada en litigios federales de pena de muerte. La decisión fue tomada por el juez Frederic Block, quien también ordenó revisar la situación financiera del acusado para determinar si puede seguir contando con defensa pública. En la misma audiencia, se dio a conocer que varios abogados privados han expresado interés en asumir su defensa.
A sus 72 años, Caro Quintero se presentó atento y sereno. Caminó por la sala vestido con el uniforme reglamentario de los reos federales —naranja y caqui—, bajo vigilancia estricta y en condiciones de aislamiento. No habló ante el juez, pero su defensa se mantiene firme en su declaración de inocencia.
El caso no es un monólogo. En la misma comparecencia apareció también su sobrino y coacusado, Ismael “Mayel” Quintero Arellanes, detenido en Culiacán y extraditado en 2023. Identificado como jefe de seguridad y enlace del capo con su red criminal, “Mayel” enfrenta cargos similares y, según su defensa, podría estar considerando un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. El juez también lo citó para el 25 de junio.
El entorno que rodea el proceso no ha pasado desapercibido: decenas de agentes de la DEA asistieron a la audiencia, y algunos posaron frente a las cámaras al final, en una imagen que podría interpretarse como una coreografía judicial de memoria y mensaje. No hay dudas: la presencia física de los agentes busca recordar que, más allá del narcotráfico, hay un crimen que Estados Unidos no ha olvidado.
Así, el caso Caro Quintero avanza como una pieza de alto perfil judicial, con ecos del pasado y consecuencias en el presente. A la espera de la decisión fiscal, el proceso refleja la compleja mezcla entre derecho, política y simbolismo internacional. El 25 de junio no solo será una fecha clave para el acusado, sino también para quienes llevan décadas exigiendo justicia. ¿Se cerrará entonces uno de los capítulos más oscuros de la guerra contra las drogas? Falta poco para saberlo.
