México enfrenta una crisis humanitaria que se mide en cifras, pero cuyo impacto real trasciende cualquier estadística. La proliferación de fosas clandestinas en diversas entidades del país no solo evidencia la brutalidad de los grupos criminales, sino también la inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad. Mientras los números oficiales fluctúan y los registros se desvanecen en la opacidad gubernamental, las excavaciones clandestinas, impulsadas por colectivos de búsqueda, siguen revelando una verdad ineludible: la violencia se ha sedimentado en el suelo mexicano, ocultando miles de historias truncadas.
Los epicentros del terror
Entre 2018 y 2023, los estados con mayor cantidad de fosas clandestinas identificadas fueron Veracruz (344), Colima (308), Sinaloa (283), Guerrero (238) y Michoacán (228), de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Estos datos, sin embargo, solo abarcan el periodo en que la plataforma de monitoreo estuvo activa, pues desde mediados de 2023, el gobierno federal dejó de actualizar la información, sumiendo a las víctimas en un limbo estadístico.
Veracruz encabeza la lista con 344 entierros clandestinos registrados, concentrándose en el puerto y en municipios como Alvarado. En Colima, Tecomán, un territorio pequeño, alberga más de dos tercios de las fosas detectadas en el estado. Sinaloa, con 283 hallazgos, presenta una distribución territorial que abarca desde Los Mochis hasta Mazatlán. Guerrero, una entidad golpeada históricamente por la violencia de grupos criminales, ha registrado 137 fosas solo en Acapulco. Michoacán, por su parte, presenta una dispersión más amplia de estos sitios, reflejo de la constante disputa entre cárteles por el control territorial.
A esta lista se suma Guanajuato, estado que ha visto un incremento del 98 % en desapariciones y que actualmente ocupa el tercer lugar en hallazgos de fosas clandestinas, con 253 sitios detectados. En la última década, el estado ha pasado de ser un polo industrial próspero a convertirse en un campo de batalla entre organizaciones criminales.
Un mapa incompleto
Si bien estas cifras son alarmantes, el verdadero alcance de la crisis es incierto. La cancelación de la actualización de los mapas de fosas y la falta de acceso a datos oficiales han dejado en manos de colectivos ciudadanos la titánica labor de documentar y exhumar los restos. La Comisión Nacional de Búsqueda, bajo una nueva administración sin experiencia en desapariciones, ha restringido el acceso a la información, cerrando incluso el Centro Nacional de Identificación Forense.
El número de cuerpos recuperados en estos sitios es aún más aterrador. Tan solo durante el sexenio de López Obrador se identificaron 4,701 cadáveres y más de 6,000 restos humanos en fosas clandestinas. Sin embargo, el colapso de los servicios forenses en estados como Guanajuato ha convertido la identificación de estos cuerpos en un proceso lento y casi imposible. La saturación de los SEMEFOS y la falta de infraestructura obligan a que muchos restos terminen en fosas comunes sin pruebas genéticas que permitan su reconocimiento.
La desaparición como mecanismo de control
El fenómeno de las fosas clandestinas no solo responde a la necesidad de los grupos criminales de ocultar cuerpos, sino que también forma parte de una estrategia de terror. Las víctimas no solo son asesinadas, sino que sus cuerpos son desmembrados, mutilados o incinerados, borrando cualquier rastro de su existencia. Rossana Reguillo lo define como “gramáticas del horror”, una violencia expresiva que busca no solo exterminar a las personas, sino exhibir su desaparición como un mensaje de poder absoluto.
En este contexto, la complicidad institucional es innegable. La ONU ha señalado que en estados como Veracruz existe protección gubernamental hacia los grupos delictivos responsables de las desapariciones. La criminalidad se ha infiltrado en los aparatos de gobierno, generando un círculo de impunidad que permite que las fosas sigan acumulándose sin consecuencias para los perpetradores.
La negación oficial y la lucha de las familias
A pesar de la magnitud de la crisis, la respuesta del Estado ha sido minimizar las cifras, desmantelar instituciones de búsqueda y abandonar a las familias de las víctimas. Durante el gobierno de López Obrador, se impulsó un censo de desaparecidos sin respaldo legal, que eliminó miles de nombres del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La actual administración de Claudia Sheinbaum tampoco ha dado señales de revertir esta opacidad, dejando el trabajo de búsqueda en manos de colectivos ciudadanos que enfrentan amenazas y hostigamientos.
En México, la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado. Es una herida abierta que sigue supurando en cada excavación, en cada cuerpo sin nombre. Mientras el Estado elige la ceguera administrativa, la sociedad civil sigue cavando, buscando y exigiendo respuestas. Porque la memoria no se entierra, y la dignidad de los desaparecidos exige justicia.
