A pesar de que las mujeres representan el 53% de la población en edad productiva en México, su participación en la economía sigue siendo significativamente inferior a la de los hombres. Mientras el 76% de los hombres se encuentra empleado o en búsqueda de trabajo, solo el 46% de las mujeres lo hace. Este rezago ubica a México muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanza un 67%, y lejos de países como Islandia o Suecia, donde la participación femenina supera el 80%.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha estimado que la incorporación de 18.6 millones de mujeres a la economía permitiría alcanzar la tasa promedio de la OCDE y generar un crecimiento económico significativo. Si se lograra este objetivo para 2035, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría aumentar en 6.9 billones de pesos, lo que representaría un incremento del 3.7%. Además, el valor económico del trabajo de las mujeres pasaría de 3 billones de pesos a 4.1 billones, un aumento del 35%.
Un impacto desigual según la región
El efecto de la inclusión económica de las mujeres no sería uniforme en todo el país. Actualmente, estados como Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México tienen tasas de participación femeninas superiores al 55%, mientras que en entidades como Tabasco (39%) y Chiapas (30%), el rezago es considerable. Para alcanzar la meta de la OCDE, Chiapas necesitaría triplicar la cantidad de mujeres en el mercado laboral, mientras que en la Ciudad de México bastaría con un incremento del 35%.
El beneficio económico de cerrar esta brecha sería sustancial, con un incremento promedio del 8.4% en el PIB estatal para 2035. En estados con mayor rezago, como Chiapas, este crecimiento podría superar el 30%, lo que subraya la importancia de estrategias adaptadas a cada región.
Obstáculos estructurales
Uno de los principales impedimentos para la inclusión económica femenina es la carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado que recae sobre las mujeres. Según el IMCO, casi la mitad de las mujeres que no buscan empleo se ven limitadas por la falta de acceso a sistemas de cuidado infantil, asistencia para adultos mayores o apoyo en el hogar. Esta situación no solo afecta a las mujeres y sus familias, sino que también frena la productividad empresarial y el crecimiento del país.
Para mitigar estos desafíos, el IMCO enfatiza la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que redistribuya equitativamente la responsabilidad de estas tareas. Asimismo, propone la implementación de licencias de paternidad obligatorias para fomentar la corresponsabilidad y equilibrar el acceso de hombres y mujeres al mercado laboral.
El rol del sector privado
Más allá de las políticas públicas, el sector privado también tiene un papel clave en la reducción de la brecha de género en la economía. Las empresas pueden facilitar la participación de las mujeres mediante estrategias de flexibilidad laboral, licencias parentales extendidas, subsidios para el cuidado infantil y horarios adaptables. Además, la creación de estancias infantiles en los centros de trabajo puede ser una solución efectiva para apoyar a las madres trabajadoras.
En este sentido, las nuevas reglas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) podrían representar un avance en la oferta de estos servicios. Las empresas tienen la oportunidad de colaborar en su operación, contribuyendo a un entorno laboral más incluyente y competitivo.
El rezago en la participación económica de las mujeres en México representa una pérdida de talento y una barrera para el crecimiento del país. Sin medidas efectivas para acelerar la inclusión de las mujeres, el país seguirá perdiendo oportunidades de desarrollo y competitividad.
El IMCO subraya que la participación equitativa de las mujeres en la economía no es solo una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para el progreso económico. Si bien los desafíos son considerables, las oportunidades de crecimiento son aún mayores. Implementar políticas públicas adecuadas y fomentar cambios en el sector privado podría acelerar la transición hacia un mercado laboral más inclusivo y sostenible.
