Entrega de 29 narcotraficantes fue negociada por México con Biden: New York Times
Rafael Caro Quintero y al menos otras cuatro figuras de cárteles mexicanos podrían enfrentar la pena de muerte, pues fueron “trasladados” y no extraditados
En un giro sin precedentes en la política de extradición entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano envió recientemente a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, sin exigir garantías de que no enfrentarán la pena de muerte. Esta medida marca una ruptura con la postura histórica de México de proteger a sus ciudadanos de la ejecución en territorio estadounidense.
Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, compareció en un tribunal federal en Brooklyn, donde los fiscales indicaron que podrían solicitar la pena capital en su contra. Aunque aún no se ha formalizado esta petición, el caso refleja un cambio en la cooperación entre ambos países, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El tratado de extradición entre México y EE.UU., vigente desde los años 70, establece que los extraditados no pueden ser condenados a muerte si su país de origen no aplica esta pena. Sin embargo, en lugar de recurrir a este procedimiento, el gobierno mexicano utilizó una ley de seguridad nacional para agilizar los traslados, lo que abre la puerta a posibles ejecuciones.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, este acuerdo se gestó durante la administración de Joe Biden y se finalizó tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. El expresidente republicano ha defendido un enfoque más punitivo contra el crimen y recientemente firmó una orden ejecutiva que refuerza la pena de muerte en casos de asesinato de agentes del orden y delitos cometidos por extranjeros en situación irregular.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha declarado que los capos extraditados no podrán ser ejecutados. No obstante, el proceso legal en EE.UU. aún no ha definido el futuro de Caro Quintero y otros extraditados.
Mientras tanto, la política de seguridad de Sheinbaum ha marcado distancia con la estrategia de “abrazos, no balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. En sus primeros meses de gobierno, la presidenta ha intensificado la militarización en zonas clave del narcotráfico y ha respaldado la colaboración con EE.UU. en la lucha contra los cárteles.
El debate sobre la pena de muerte sigue dividiendo opiniones en Estados Unidos. Aunque el respaldo a esta práctica ha disminuido en las últimas décadas, Trump ha impulsado su uso en casos relacionados con el crimen organizado y la violencia contra agentes de seguridad.
El futuro de Caro Quintero y los otros extraditados dependerá de la decisión de los fiscales estadounidenses y del proceso legal en curso, mientras México y EE.UU. navegan un nuevo capítulo en su relación en materia de seguridad y justicia.
