Mientras la reforma que disuelve al INAI avanza en el Congreso, Movimiento Ciudadano alza la voz con una petición concreta: que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no quede a la deriva. Este martes, la diputada Laura Ballesteros entregó personalmente al comisionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, mil 500 firmas ciudadanas en respaldo a la permanencia y protección de la plataforma que alberga más de 15 mil millones de documentos públicos.
No se trata de una plataforma más. En sus servidores se resguardan expedientes clave para entender los escándalos recientes del poder en México: desde el caso Odebrecht hasta las lujosas residencias del “Toallagate”, la “Casa Blanca” o la “Casa Gris”. La PNT representa, como lo señaló Ballesteros, “el único vínculo que tienen los ciudadanos con la información pública” y con el legado técnico e institucional de cientos de trabajadores que durante años alimentaron esa base de datos.
El problema, sin embargo, no es menor: en el dictamen de las leyes secundarias que contempla la desaparición del INAI, la plataforma no aparece. Y lo que no se nombra, no se protege ni se financia. Aquí entra el meollo del asunto. Si bien se ha mencionado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —la dependencia que asumiría las funciones del instituto— sería la encargada de resguardar la PNT, en la letra de la reforma esa garantía no existe.
La omisión no es trivial. El riesgo no solo es la pérdida o inaccesibilidad de la información pública, sino también la desprotección laboral de los trabajadores del INAI. El edificio del instituto permanece tomado por empleados que temen por su estabilidad laboral ante una transferencia que consideran opaca. La diputada Ballesteros no dejó pasar el tema y se solidarizó ofreciendo respaldo jurídico a quienes decidan defender sus derechos laborales. “No quiero adelantar ruta jurídica, pero los vamos a acompañar”, afirmó.
En su mensaje también hubo una apelación directa a Claudia Sheinbaum. A la jefa de Gobierno con licencia, próxima presidenta de México según todas las encuestas, le pidió valorar la experiencia acumulada de estos técnicos. “Vamos a tardar décadas en volver a formar a estos profesionistas si dejamos a toda esta gente sin la oportunidad de seguir trabajando”, advirtió. Porque lo que está en juego no es solo la plataforma digital, sino la continuidad de una cultura institucional de transparencia.
MC anunció que presentará una moción de suspensión en la Cámara de Diputados para frenar la reforma, así como reservas específicas que obliguen a proteger legalmente la PNT y a destinarle recursos. El reclamo no es aislado: las firmas llegaron de estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Querétaro y Nuevo León. La ciudadanía, al menos esa franja que aún cree en el derecho a saber, ha dado señales claras.
En una era donde se celebra la digitalización y se promete un gobierno abierto, sorprende que se omita la garantía de una herramienta básica para la rendición de cuentas. El archivo que permite fiscalizar al poder no puede quedar al capricho de decisiones administrativas ni a la buena fe de futuros titulares. Porque, como lo demuestran los casos archivados en esa plataforma, la memoria institucional no se preserva sola, y en México, olvidar suele salir caro.
