El 29 de marzo, las calles del Paseo de la Reforma se tiñeron de morado, no por capricho cromático, sino como un recordatorio de la lucha feminista que denuncia una vez más la impunidad de los poderosos. En el centro del reclamo: Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, actual diputado federal y figura emblemática del fútbol mexicano, acusado por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, de tentativa de violación. El mensaje fue claro: “¡A juicio Cuauhtémoc!”, “¡Fuera Blanco!”, “¡Basta de impunidad!”.
La movilización surgió tras el desecho del proceso de desafuero en la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo. Con 291 votos –mayoritariamente de Morena, partido al que pertenece el acusado– se bloqueó la posibilidad de que el exfutbolista fuera juzgado como cualquier ciudadano. Legisladores justificaron la decisión con base en presuntas inconsistencias periciales, pero para activistas y legisladoras inconformes, esto solo confirma la persistencia de un sistema que protege a los suyos, incluso frente a señalamientos tan graves como el abuso sexual.
El simbolismo fue fuerte: durante la protesta se quemó una camiseta de la Selección Mexicana con el número 10, la que Cuauhtémoc portó con orgullo en tres Copas del Mundo. Pero esta vez, la narrativa nacionalista del héroe deportivo se vio confrontada con otra realidad, una en la que las mujeres exigen justicia ante un Congreso que parece más preocupado por blindar reputaciones que por garantizar los derechos de las víctimas.
El caso ha escalado no solo por la gravedad de la acusación, sino también por el contexto político que lo rodea. El fuero constitucional, una figura que debería proteger la función legislativa y no a las personas, se ha vuelto una barrera para el acceso a la justicia. A esto se suman las divisiones dentro del mismo partido oficialista: mientras algunas diputadas de Morena, como María Teresa Ealy, respaldaron el desafuero, otras voces internas la acusaron de “traición” al movimiento.
Las protestas también expusieron tensiones entre activismo genuino y capital político. La presencia de figuras como Alessandra Rojo de la Vega y Xóchitl Gálvez fue recibida con matices. Mientras algunas manifestantes agradecieron su respaldo, otras les reprocharon el oportunismo. La desconfianza no es infundada: el activismo feminista en México ha aprendido a sospechar de quienes se suman cuando hay cámaras enfrente pero se ausentan cuando hay que legislar o resistir.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México y rostro de una supuesta transformación feminista, ha criticado la actuación de la fiscalía de Morelos, pero evitó pronunciarse de forma contundente contra el fuero que protege a Blanco. En palabras de una de las pancartas vistas en la marcha: “Nos agreden, nos desaparecen y el gobierno de UNA MUJER nos abandona”.
Mientras tanto, Blanco fue captado en una función de la UFC en la zona VIP de la Arena México, al margen del clamor en su contra. El contraste es indignante, casi grotesco: mientras decenas marchaban por justicia, el aludido disfrutaba del espectáculo como si nada ocurriera.
La “Marcha contra la Impunidad” no fue solo una denuncia contra Blanco, sino contra una estructura de poder que sigue blindando a hombres acusados de violencia sexual. También fue una oportunidad para volver a poner en el debate público la urgencia de eliminar el fuero constitucional, no como castigo a una persona, sino como paso necesario hacia un país donde ningún cargo otorgue inmunidad frente a la ley.
Porque si algo dejó claro la protesta, es que la exigencia de justicia no viste camiseta ni sigue calendario electoral. Y porque en este país, aún hoy, para muchas, no llegamos todas.
