Con 112 votos a favor y cero en contra, el Senado de la República aprobó elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un esquema que, en teoría, ha beneficiado a más de 3 millones de jóvenes desempleados con capacitación laboral y un ingreso mensual. La decisión implica que este programa, creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no podrá ser eliminado ni recortado por futuras administraciones, consolidándolo como un derecho adquirido. Todo parece indicar que se trata de una victoria legislativa en favor de la juventud mexicana… hasta que se revisan las auditorías y las denuncias de fraude.
¿Un logro histórico o un salvoconducto para la opacidad?
El discurso oficial presenta a Jóvenes Construyendo el Futuro como una estrategia efectiva para reducir el desempleo juvenil y combatir la violencia, brindando oportunidades a quienes, de otro modo, podrían ser cooptados por el crimen organizado. En la narrativa del oficialismo, cada peso invertido en este programa es una victoria contra la desigualdad. Sin embargo, un rápido vistazo a las cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela otra historia: centros de trabajo fantasma, pagos a beneficiarios fallecidos, becarios que ya tienen empleo y apoyos duplicados.
Desde su implementación en 2019, la ASF ha encontrado irregularidades que suman más de 178 millones de pesos en daños al erario, sin que se hayan tomado medidas significativas para corregirlas. Por si fuera poco, 71 recomendaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 20 pliegos de observaciones han sido ignorados sistemáticamente. En otras palabras, cada año se repiten los mismos errores y cada año se pasa de largo la rendición de cuentas.
Los números no cuadran: becarios que ya trabajan y muertos que siguen cobrando
Los datos duros revelan fallas estructurales en el programa. En 2020, la ASF detectó 68 beneficiarios que recibieron pagos a pesar de haber fallecido. También se identificó que más de 3,100 becarios cobraban simultáneamente apoyos de otros programas federales, generando duplicidades en los recursos destinados. Para 2021, la auditoría encontró que 17,283 jóvenes cobraron sin capacitarse, lo que representó un desfalco de 28 millones de pesos. Y como si se tratara de una tradición anual, en 2022 las irregularidades ascendieron a más de 92,000 casos con daños al erario por 78 millones de pesos.
Más allá de los fraudes individuales, el problema es sistémico: el programa no cuenta con los filtros suficientes para validar que sus beneficiarios cumplan con los requisitos básicos. La ASF ha señalado reiteradamente que la plataforma de registro y supervisión es deficiente, lo que permite que personas que ya tienen empleo sigan cobrando la beca. En otras palabras, no es que los jóvenes no trabajen, es que algunos se han beneficiado doblemente de la falta de controles.
De herramienta social a maquinaria electoral
Para la oposición, el problema no solo es la ineficacia del programa, sino su uso político. Senadores del PRI y PAN han denunciado que los padrones de beneficiarios se manejan con total opacidad, lo que permite que el programa sea utilizado como herramienta electoral y clientelar. La discrecionalidad con la que se otorgan las becas ha llevado a que, en algunos casos, los apoyos se concentren en estados estratégicos durante procesos electorales. Es decir, más que un programa de capacitación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha servido para fortalecer redes de apoyo político.
Desde el oficialismo, la respuesta ha sido predecible: minimizar las irregularidades y enfatizar los logros. Para los legisladores de Morena y sus aliados, el programa es una solución real a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, y su elevación a rango constitucional es un acto de justicia social. Sin embargo, el discurso de que “ha funcionado” se desmorona cuando las propias auditorías federales revelan que el sistema está plagado de inconsistencias.
Blindar lo indefendible
El problema no es la existencia del programa en sí. La idea de un esquema de capacitación laboral con apoyo económico es válida y necesaria en un país donde el 50% de los jóvenes que trabajan lo hacen sin seguridad social. Sin embargo, lo preocupante es que, en lugar de corregir las fallas evidenciadas durante los últimos cinco años, el Senado ha decidido blindarlo constitucionalmente sin mejorar sus mecanismos de supervisión.
Dicho de otro modo, se ha garantizado la permanencia de un programa con múltiples deficiencias sin exigir transparencia ni mejoras en su operación. Es como sellar con candado una caja que ya tiene las paredes rotas. Y aunque la medida fue aplaudida por los legisladores, lo cierto es que la juventud mexicana seguirá sin recibir la certeza de que estos apoyos realmente cumplen su propósito.
