El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha dejado al descubierto una red de vínculos entre fuerzas de seguridad pública y grupos delictivos. En ese predio, identificado en septiembre de 2024 como un centro de entrenamiento del crimen organizado y fosa clandestina, se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada de personas. Las recientes detenciones de cuatro ex policías del municipio de Tala confirman que estos delitos no fueron cometidos únicamente por civiles armados, sino con el respaldo, protección o participación activa de agentes del Estado.
Entre los detenidos se encuentra Gabriel “J.”, exagente de la Comisaría de Seguridad Pública de Tala, capturado el 22 de marzo en Acatic, Jalisco. Las investigaciones indican que Gabriel, junto con otros oficiales, interceptó a un hombre en motocicleta con el pretexto de una revisión preventiva. Usaron una patrulla oficial para detenerlo y luego lo entregaron a un grupo criminal que operaba en el Rancho Izaguirre. La víctima fue una de las dos personas rescatadas con vida el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, durante un operativo que también permitió detener a diez sospechosos y recuperar un cadáver.
A esta detención se suma la de José Antonio “N.”, aprehendido en Colima por portación de cartuchos, pero cuyo historial reveló una orden vigente por desaparición forzada. Fue entregado en el hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y trasladado a la Ciudad de México. Otro de los señalados, Rubén “N.”, fue capturado en Jalisco y ya enfrenta proceso penal bajo prisión preventiva.
También fue detenido José “S.”, exmando policiaco, quien fue capturado por la Fiscalía General de la República en Colima. Su orden de aprehensión fue emitida por el Juez de Control del Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila. El motivo: desaparición forzada de personas. Estos hechos no son aislados ni recientes. Uno de los involucrados, Emmanuel “A.”, fue detenido desde octubre de 2024 y también está vinculado a desapariciones forzadas vinculadas al mismo rancho.
Las autoridades ministeriales, periciales y la Policía Federal Ministerial continúan ejecutando diligencias para localizar a más implicados. La Fiscalía de Jalisco ha insistido en que continuará esclareciendo la red de complicidad entre funcionarios de seguridad pública y organizaciones criminales, un esfuerzo que, por sus tiempos y omisiones, evidencia los vacíos de vigilancia interna y control institucional.
Paralelamente, la captura de José Gregorio “El Lastra” Hermida en la Ciudad de México, anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la conexión del caso con estructuras criminales de mayor alcance. El hombre, de 51 años, ha sido identificado como reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto responsable del funcionamiento del rancho como centro de adiestramiento.
Las detenciones recientes permiten delinear con mayor claridad la arquitectura delictiva en torno al Rancho Izaguirre. Lejos de ser una célula aislada, operaba con apoyo institucional y complicidad activa de elementos de seguridad pública. La renuncia voluntaria de algunos policías días después del hallazgo del predio, como ocurrió el 26 de septiembre de 2024, fortalece la hipótesis de que estos actos fueron premeditados y encubiertos.
El caso Teuchitlán pone sobre la mesa una verdad incómoda: la infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad continúa operando con normalidad. Las recientes detenciones, aunque importantes, reflejan el inicio de un proceso que debió haberse ejecutado desde el primer momento. Las instituciones involucradas han reaccionado con lentitud frente a un fenómeno que lleva años creciendo en la región Valles de Jalisco.
Este conjunto de hechos confirma que los responsables de garantizar la seguridad pública también pueden actuar como agentes activos del terror. La violencia no solo se ejerce desde la clandestinidad del crimen organizado, sino también desde la legitimidad institucional otorgada por una placa y un uniforme.
