En un giro que sorprendería a cualquiera menos a los propios legisladores que lo impulsaron, el Senado ha dado luz verde a la reforma que pone fin al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ese incómodo órgano autónomo que osó garantizar que los ciudadanos accedieran a información pública sin pedir permiso al gobierno.
El dictamen, aprobado con la predecible mayoría oficialista, cierra un ciclo en el que la transparencia era tutelada por un organismo independiente y lo reemplaza por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), una dependencia del Ejecutivo que ahora será la única responsable de decidir qué información se entrega y cuál se oculta. Y si alguien no está de acuerdo, puede presentar una apelación… ante el mismo gobierno.
Un “ahorro” que cuesta caro
Uno de los principales argumentos esgrimidos para esta reforma es la austeridad. Al parecer, el gasto en un órgano autónomo era intolerable, aunque en el debate no faltaron legisladores que señalaron que los costos del INAI eran inferiores a los de los viajes de los propios senadores. Sin embargo, la justificación oficial se centra en que este nuevo modelo de transparencia permitirá redirigir recursos a otras prioridades. ¿Cuáles? No queda del todo claro.
El senador Ricardo Anaya criticó duramente la decisión, argumentando que el INAI era una de las pocas herramientas efectivas que la ciudadanía tenía para acceder a información incómoda para los gobiernos. En el pasado, gracias a este instituto, se revelaron escándalos como La Casa Blanca de Peña Nieto, La Estafa Maestra, y hasta las fosas clandestinas en Tamaulipas durante el sexenio de Calderón. Sin un ente independiente, estas revelaciones hubieran quedado sepultadas en el olvido burocrático.
Adiós al anonimato: Bienvenido el miedo
Otro cambio fundamental es la eliminación de la posibilidad de solicitar información de manera anónima. Antes, cualquier ciudadano podía hacer una solicitud sin proporcionar su nombre, lo que garantizaba protección contra posibles represalias. Ahora, será obligatorio identificarse, lo que, según la oposición, no es otra cosa que una estrategia para disuadir las solicitudes y, de paso, tener un conveniente registro de quién está haciendo preguntas incómodas.
La defensa oficialista de este cambio ha sido particularmente ilustrativa. Según el senador Emmanuel Reyes, la oposición abusaba del anonimato para hacer solicitudes “vergonzosas”, como preguntar por la marca de ropa interior del expresidente López Obrador. Bajo esa lógica, eliminar la protección del anonimato es un precio justo a pagar para evitar este tipo de consultas frívolas. ¿Y si alguien quiere información sobre corrupción o desvío de recursos? Bueno, que se lo piense dos veces antes de arriesgarse a figurar en una lista negra de solicitantes curiosos.
Gobierno: juez, parte y verdugo
La reconfiguración de la transparencia en México también pasa por la creación de un nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, presidido, por supuesto, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A diferencia del anterior Sistema Nacional de Transparencia, este nuevo modelo concentra el poder en manos del Ejecutivo, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso.
Uno de los aspectos más alarmantes es la ampliación de las causales para reservar información. Bajo la nueva legislación, se podrá clasificar como reservada cualquier información que comprometa la “paz social” o “el interés del Estado”. Definiciones suficientemente amplias y ambiguas como para justificar la opacidad en prácticamente cualquier tema.
Además, se eliminan garantías esenciales en materia de protección de datos personales. Ahora, las propias entidades gubernamentales podrán resolver los recursos de revisión en esta materia, generando un evidente conflicto de interés. En otras palabras, si un ciudadano denuncia un mal manejo de sus datos, será el mismo gobierno el que decida si su queja es válida o no.
¿Un sistema de transparencia o un modelo de opacidad?
A estas alturas, la narrativa oficial insiste en que esta reforma no representa un retroceso, sino una “simplificación” del sistema de acceso a la información. Se asegura que la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá operando con normalidad, aunque ahora bajo la administración de la SABG, lo que en la práctica significa que el gobierno tendrá control total sobre la gestión y disponibilidad de la información pública.
La comunidad académica y organizaciones civiles han advertido sobre el grave riesgo que esto representa para la democracia y la rendición de cuentas. Sin un órgano independiente que garantice el acceso a la información, los ciudadanos quedan indefensos ante la posibilidad de que el gobierno seleccione qué datos pueden ser conocidos y cuáles no.
En este contexto, no sorprende que se hayan hecho llamados a un parlamento abierto para discutir esta reforma. Sin embargo, todo indica que la discusión se limitará a los pasillos del Senado, donde la mayoría oficialista ya ha demostrado que no tiene interés en escuchar voces críticas.
Transparencia con candado y llave en el bolsillo del Ejecutivo
México ha transitado de un sistema de transparencia incómodo para el poder a uno diseñado para garantizar que el poder no tenga incomodidades. La desaparición del INAI, la eliminación del anonimato en las solicitudes de información y la ampliación de causales de reserva no son simples ajustes técnicos, sino cambios estructurales que consolidan un modelo de opacidad institucionalizada.
El mensaje es claro: preguntar demasiado puede ser peligroso, y si alguien quiere respuestas, que sepa que la única instancia a la que podrá acudir para reclamarlas será el mismo gobierno que se las negó en primer lugar.
Con esta reforma, la transparencia en México se transforma en una ironía burocrática, una versión distorsionada de su propósito original. Porque, como ya lo dejó claro el oficialismo, “no es cierto que vamos a ocultar la información”. Claro, siempre y cuando no sea información que incomode al poder.
