- Autoridades confirman la reducción de áreas de conservación sin justificar su decisión
- Intentan deslegitimar la participación ciudadana al no tomar en cuenta las voces de la sociedad
ADN-A exige que el POEL sea revisado con criterios científicos y participativos
A unos días de que el Juzgado Séptimo de Distrito emita sentencia sobre el amparo interpuesto contra las modificaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) ha señalado inconsistencias en los informes que las autoridades municipales han presentado ante el juez.
De acuerdo con la Alianza, el gobierno ha confirmado la reducción de áreas de conservación, aunque intenta justificarlo con el argumento de que se aumentaron las áreas de protección. Sin embargo, hasta el momento no ha demostrado que esta medida sea equivalente ni suficiente para evitar daños ambientales. “Han reconocido la reducción de áreas de conservación, pero no han explicado qué criterios científicos los llevaron a tomar esta decisión”, señaló Carlos Romo, presidente del Colegio de Ciencias Ambientales, organización integrante de ADN-A.
Además, el gobierno intenta evadir su responsabilidad en la protección de la rana de madriguera, alegando que su conservación es competencia federal. No obstante, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes establece que los municipios deben regular y proteger el medio ambiente dentro de su territorio. “Este intento de deslindarse es preocupante y demuestra una falta de compromiso con el equilibrio ecológico de Aguascalientes”, añadió Romo.
Una estrategia para deslegitimar la participación ciudadana
ADN-A ha expresado su preocupación ante el argumento del gobierno de que, por haber participado en la consulta pública del POEL, la ciudadanía no tiene derecho a impugnarlo. Esto, advierten, es un ataque a la democracia y un intento de silenciar las críticas.
- “La consulta pública es un derecho ciudadano, no una renuncia al derecho de defensa”, enfatizó Mariana Ávila, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS).
- “El hecho de haber participado no significa que estemos de acuerdo con el resultado. Si el gobierno realmente escuchara, habría tomado en cuenta las observaciones técnicas presentadas”, agregó Ávila.
- “Si argumentan que participar en la consulta implica aceptar el resultado, entonces solo la utilizan para simular apertura y acallar críticas”, puntualizó Alejandro Larios, director de Conversa Sur.
ADN-A exige respuestas y acciones concretas
Ante estas irregularidades, la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes exige que el gobierno municipal:
- Reconozca públicamente que el POEL debe rehacerse bajo criterios científicos y participativos.
- Inicie estudios para declarar nuevas áreas protegidas, especialmente en la zona de la rana de madriguera.
- Asuma su responsabilidad en la protección ambiental en lugar de trasladarla a la federación.
- Garantice que los mecanismos de participación sean espacios reales de incidencia y no solo un trámite para validar decisiones ya tomadas.
“La justicia ambiental no es negociable. El futuro ecológico de Aguascalientes está en juego, y seguiremos exigiendo transparencia y acciones concretas”, concluyó Gina Ventura, directora del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado (IMEPP).
