La narrativa oficial ha sido clara: la extradición de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos fue, en parte, para evitar que quedaran en libertad debido a jueces que, supuestamente, tienen la mala costumbre de otorgar amparos. Esto fue lo que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó con toda seguridad. Pero aquí viene el giro interesante: si ya sabemos que hay jueces corruptos, si hay pruebas de que juegan a favor del crimen organizado… ¿por qué no se ha presentado una sola denuncia formal?
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, no dejó pasar la acusación y lanzó una respuesta digna de un Estado de derecho: si hay evidencia de irregularidades judiciales, que se presenten ante las instancias correspondientes. Porque, por mucho que el discurso de la “corrupción judicial” sirva como justificación política, las insinuaciones no sustituyen a las pruebas.
Según Harfuch, el riesgo de que entre 12 y 15 de los extraditados fueran liberados por jueces en las siguientes horas fue un factor determinante para sacarlos del país antes de que algo así ocurriera. No solo eso, sino que mencionó que “se habían hecho acuerdos con algunos jueces” para retrasar indefinidamente los procesos de extradición. Por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, confirmó que la entrega de estos criminales se hizo “con nombres y apellidos, a petición escrita de Estados Unidos y con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”. Todo parece una operación perfectamente coordinada, pero la pregunta sigue en el aire: si saben quiénes son los jueces responsables de favorecer al crimen organizado, ¿por qué no se ha iniciado una investigación contra ellos?
Norma Piña no solo negó categóricamente estas acusaciones, sino que también recordó un pequeño detalle: en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas a través de los cauces legales. De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal reiteró su compromiso con la justicia y dejó claro que no aceptará que se desacredite a los jueces sin pruebas. No es la primera vez que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se enfrentan, y es poco probable que sea la última, pero lo cierto es que las tensiones entre ambos poderes han escalado considerablemente en los últimos meses, sobre todo por la renovación de jueces y magistrados y la anunciada reforma judicial.
Por lo pronto, la respuesta de la SCJN y del CJF fue tajante: si hay evidencia, que se proceda legalmente. Porque, hasta el momento, lo que hay son acusaciones sin sustento legal, y en un sistema basado en el derecho, las palabras sin pruebas pesan poco. La narrativa de Harfuch podrá sonar convincente, pero si está tan seguro de sus afirmaciones, lo justo sería que las convierta en denuncias formales.
