Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga están lejos de tener un final de telenovela, pero su historia sí ha dado para varios episodios legales, políticos y mediáticos. Acusados desde 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, siguen prófugos, pero con una inesperada victoria jurídica: el desbloqueo de sus cuentas bancarias.
La decisión no proviene de una resolución sobre su inocencia, sino de una cuestión técnica: los tribunales consideraron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vulneró el principio de seguridad jurídica, al incluirlos en la Lista de Personas Bloqueadas sin una justificación legal suficientemente clara. En palabras del Tercer Tribunal Colegiado, si el congelamiento de cuentas no responde a un acuerdo internacional ni está ligado a un proceso jurisdiccional formal, carece de sustento legal. El golpe no fue menor: la UIF no solo perdió el recurso de revisión que interpuso, sino que además quedó señalada por actuar sin la debida fundamentación ni motivación, exigidas por el artículo 16 constitucional.
Mientras tanto, Gómez Mont y Álvarez Puga permanecen fuera del país, con al menos cuatro órdenes de aprehensión en su contra y una ficha roja de Interpol activa. Y sin embargo, gracias al amparo, ya pueden utilizar nuevamente el sistema financiero nacional. ¿Incongruente? Tal vez. Pero en términos legales, el procedimiento incorrecto invalida incluso la medida más legítima.
Es cierto que los recursos de sus cuentas están relacionados, según las investigaciones, con contratos públicos presuntamente fraudulentos realizados mediante empresas fantasma entre 2016 y 2017. Sin embargo, la justicia federal no evaluó el fondo de estas acusaciones al emitir el amparo, sino la forma en la que la UIF intentó prevenir una posible fuga de capitales.
Este caso abre una conversación incómoda pero urgente: ¿hasta qué punto puede el Estado aplicar medidas preventivas que interfieren con los derechos de los ciudadanos sin garantizar un debido proceso? Y, por otro lado, ¿qué ocurre cuando esa falta de cuidado jurídico termina por beneficiar a personas con procesos abiertos por delitos graves?
Gómez Mont, alguna vez figura de la farándula y rostro televisivo, ha defendido públicamente su inocencia y se ha proclamado víctima de abuso de poder. La UIF, por su parte, insiste en que la inclusión en la lista fue una acción preventiva. Pero el fallo judicial muestra una grieta más grande: una institucionalidad que no siempre logra balancear eficacia y legalidad, sobre todo en casos de alto perfil.
Al final, ni los lujos documentados en redes sociales ni las conexiones con el mundo del espectáculo son el centro de este escándalo. Lo verdaderamente relevante es cómo un procedimiento mal planteado puede convertirse en un blindaje temporal para quienes aún deben enfrentar a la justicia. La serie continúa, pero ahora con un giro legal que pone en tela de juicio tanto la culpabilidad de los señalados como la solidez de las instituciones que intentan juzgarlos.
