José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, fue vinculado a proceso por su presunta participación como reclutador y jefe del campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército —agravado por haber sido servidor público— y delitos contra la salud en modalidad de comercio. Abril Dianeh Robles Vázquez, señalada como encargada de coordinar a las mujeres reclutadas, también fue procesada.
Ambos permanecerán en prisión preventiva: él en el penal del Altiplano; ella en el Cefereso 16 de Morelos. La investigación complementaria tendrá un plazo de tres meses.
Las autoridades señalan que “El Lastra” operó entre mayo de 2024 y marzo de 2025 como brazo operativo de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, líder regional del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Según la SSPC, fue el autor intelectual de la privación ilegal de dos estudiantes universitarios en junio de 2024, y encabezaba un esquema de captación de personas mediante falsas ofertas laborales en redes sociales.
El método consistía en prometer empleos como guardias de seguridad con sueldos de hasta 12 mil pesos semanales. Las víctimas eran citadas en centrales camioneras y luego trasladadas al Rancho Izaguirre, donde, según declaraciones oficiales, eran sometidas a entrenamiento criminal. En caso de resistirse o intentar escapar, eran golpeadas o torturadas.
La detención de “El Lastra” y Robles fue resultado de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad federal. Ambos fueron capturados el 20 de marzo en la autopista México-Toluca, tras haber estado ocultos en Tala, Jalisco. En el aseguramiento se incautaron un arma de fuego, metanfetaminas, celulares, un vehículo, efectivo y documentación.
Este caso expone con claridad la sofisticación de las redes de reclutamiento criminal, que hoy utilizan canales digitales y se camuflan bajo estructuras laborales para atraer víctimas. También visibiliza la creciente expansión de la violencia del CJNG hacia sectores civiles, particularmente jóvenes.
Más allá del proceso judicial, quedan interrogantes profundas: ¿cómo se sostuvo esta red sin ser detectada durante meses? ¿Qué mecanismos fallaron en la prevención? ¿Y cuántos otros “Rancho Izaguirre” podrían estar operando sin ser visibilizados?
El caso no solo habla de un líder criminal detenido, sino de un modelo operativo del crimen organizado que requiere respuestas estructurales, no solo policiales.
