Treinta años después del asesinato de Selena Quintanilla, el nombre de Yolanda Saldívar vuelve a colocarse en la esfera pública, esta vez no por el crimen que la llevó a la cárcel, sino por su intento de salir de ella. La mujer que disparó el revólver calibre .38 aquella mañana del 31 de marzo de 1995, considera que “ya fue suficiente” y que ha pagado su deuda con la sociedad. Desde su celda en Gatesville, Texas, Saldívar busca obtener la libertad condicional a la que tiene derecho tras cumplir tres décadas de una sentencia de cadena perpetua. La ley lo permite. La sociedad, al parecer, no tanto.
La revisión de su caso comenzó discretamente en diciembre de 2024, y aunque el proceso legal avanza sin impedimentos formales —su expediente está limpio y no hay obstáculos legales para su audiencia—, el debate público ha resucitado viejas heridas. Saldívar, ahora de 64 años, ha sostenido que su encarcelamiento tiene tintes de “prisión política” y afirma sentirse lista para reintegrarse a la sociedad. Esta narrativa contrasta con su historial judicial, que incluye varios intentos fallidos de apelación y una defensa que, desde un principio, alegó que el disparo fue accidental, a pesar de los contundentes testimonios presentados durante el juicio.
Selena, cuya vida fue truncada a los 23 años en un motel de Corpus Christi, no es solo una víctima más de la violencia. Fue una figura cultural que trascendió fronteras, una artista bicultural que cantó en español y pensó en inglés, abriendo camino a toda una generación de latinos en la industria musical. Su muerte no solo desató indignación, sino que consolidó un legado. No es casual que la multitud más grande registrada en una ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood haya sido la suya.
Frente a esto, la pregunta de si Saldívar merece la libertad no se reduce a una cuestión legal. Es también una disputa sobre memoria, justicia y reparación. La familia Quintanilla, encabezada por Abraham, ha dejado claro su rechazo. “No hay arrepentimiento que pueda devolvernos a Selena”, dijo. El sentimiento se replica en redes sociales, donde miles de seguidores se oponen fervientemente a la liberación, evidenciando que la herida sigue abierta y que el castigo no ha perdido su carga simbólica.
Desde el punto de vista penal, el proceso texano de libertad condicional se rige por procedimientos técnicos: conducta en prisión, viabilidad de reintegración, impacto del delito. Pero incluso los especialistas reconocen que, en este caso, la presión social puede inclinar la balanza. ¿Cómo ponderar el “buen comportamiento” cuando lo que está en juego no es solo la rehabilitación de una persona, sino la memoria de una comunidad entera?
La decisión será tomada por un panel de tres personas, sin audiencia pública y sin posibilidad de veto por parte del gobernador. Si es rechazada, Saldívar deberá esperar entre uno y cinco años para una nueva revisión. Si es aprobada, deberá cumplir condiciones específicas fuera de prisión. Mientras tanto, el país observa. No se trata de reavivar el morbo, sino de entender cómo una figura como Selena sigue influyendo en el debate sobre justicia y castigo, tres décadas después de su muerte.
En el fondo, la disyuntiva no es solo si Yolanda Saldívar debe salir de prisión. Es si la sociedad está lista para verla fuera. Y, sobre todo, si la historia ya ha cerrado ese capítulo. Para muchos, la respuesta es un rotundo “no”.
