Con la colocación de la primera piedra del programa “Vivienda para el Bienestar” en Rincón de Romos, Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo inauguró una obra pública: activó también una plataforma discursiva que entrelaza la política social con la campaña institucional de la Cuarta Transformación. El plan contempla la construcción de más de 7,450 viviendas en ese estado durante el sexenio —5,000 por Infonavit y 2,450 por Conavi— con créditos de interés cero para personas sin seguridad social. A nivel nacional, el objetivo es llegar a 200 mil viviendas nuevas en 2024 y un millón en total al cierre del sexenio, con la generación de hasta 9.6 millones de empleos directos e indirectos vinculados al desarrollo habitacional.
Sheinbaum remarcó que este programa busca romper con el modelo de los “huevitos” —casas mínimas de 35 m² entregadas en sexenios anteriores— para edificar viviendas dignas de 60 m² y tres recámaras, con criterios que prioricen a sectores vulnerables como mujeres jefas de familia, adultos mayores o personas indígenas. Según sus palabras, el proyecto no solo se alinea con el “derecho constitucional a la vivienda”, sino que pretende revertir años de corrupción y créditos impagables asignados por instituciones como Infonavit.
Sin embargo, el giro no solo es de diseño urbanístico o financiero. A la par de la promoción del plan de vivienda, Sheinbaum insistió en posicionar su discurso electoral sobre la elección de jueces y ministros del Poder Judicial el próximo 1 de junio, un tema reiterado en cada intervención, pese a que supuestamente no debe beneficiar a ninguna candidatura. El eslogan “¡Pueblo, pueblo, pueblo!” sonó más como consigna de campaña que como anuncio institucional, lo que evidencia el uso político del acto.
El plan no avanza en solitario. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se sumó con la promesa de más de 10 mil viviendas estatales y predios donados para apoyar el programa federal. Este inusual trabajo conjunto entre gobiernos de signos opuestos fue presentado como un ejemplo de coordinación en favor del bienestar ciudadano, aunque también expone el potencial del programa para capitalizar popularidad desde ambos frentes políticos.
Otro de los ejes del programa es el rescate de 4 millones de créditos impagables de Infonavit, de los cuales 73 mil corresponden a Aguascalientes, lo cual supone una operación financiera y jurídica significativa que aún carece de detalles técnicos sobre su viabilidad y sostenibilidad. Tampoco se especifica el tipo de viviendas a construirse más allá de su metraje, ni el sistema de selección más allá de sorteos y visitas socioeconómicas.
Mientras tanto, el mensaje se mantiene en el terreno simbólico: “la vivienda ya no es un privilegio ni una mercancía, sino un derecho del pueblo”, repite la Presidenta, sin que se presenten métricas sobre calidad, ubicación o accesibilidad de los proyectos. La narrativa oficial convierte la política habitacional en una bandera de justicia social, pero los riesgos de usarla como telón para movilizar simpatías rumbo a la elección judicial son evidentes.
Aunque el programa parte de una necesidad legítima —combatir el rezago habitacional y ampliar el acceso a vivienda digna—, su puesta en marcha levanta cuestionamientos sobre la delgada línea entre el cumplimiento del mandato constitucional y el uso clientelar de los derechos sociales. El desafío será comprobar que la vivienda no solo se convierta en una promesa repetida desde el templete, sino en una realidad tangible que llegue a quienes más la necesitan.
