A partir del 30 de marzo, México entró en territorio desconocido: arrancaron oficialmente las campañas para elegir, por primera vez mediante voto popular, a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Un evento sin precedentes en el país y casi único en el mundo —Bolivia es la única nación de América Latina con un modelo similar— que busca renovar 881 cargos federales y más de 1,700 locales. La novedad es monumental, pero las condiciones en que se desarrolla el proceso obligan a matizar el entusiasmo con una mirada crítica.
¿Una elección histórica o una tormenta institucional?
La narrativa oficial, impulsada por el actual gobierno y promovida con entusiasmo por la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en que este es un paso hacia la democratización de la justicia. Pero no faltan voces que lo califican como un riesgo para la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de 2024, tras un proceso legislativo polémico y bajo la sombra del enfrentamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial.
El expresidente acusó durante años a ministros y jueces de corrupción y de ser un obstáculo para su proyecto político. En ese contexto, esta elección aparece como una respuesta directa: dar al pueblo el poder de renovar al Poder Judicial desde las urnas. Pero críticos —desde miembros de la Suprema Corte, pasando por analistas nacionales, hasta organismos internacionales como la ONU— han advertido que la propuesta abre la puerta a la politización de la justicia y, peor aún, a su posible captura por intereses oscuros, incluidos el crimen organizado.
La campaña menos convencional del siglo
Con una participación ciudadana estimada entre el 8% y el 15% del padrón —según pronósticos del INE—, la legitimidad de los futuros jueces está en entredicho incluso antes de que se instalen las casillas. A diferencia de las elecciones convencionales, los candidatos no pueden hacer campaña con recursos públicos ni privados. Tampoco pueden aparecer en radio, televisión, espectaculares o mítines masivos. Su única cancha de juego es el internet, principalmente las redes sociales, y la propaganda impresa financiada con su propio bolsillo.
El INE ha habilitado una plataforma llamada “Conóceles”, donde los votantes pueden consultar los perfiles de los más de 3,400 candidatos. Pero seamos francos: en un país donde muchos apenas conocen a los candidatos presidenciales, ¿cuántas personas navegarán voluntariamente hasta un micrositio para investigar a su futuro juez de distrito?
Además, en estados como Veracruz o Durango, los ciudadanos recibirán hasta 13 boletas el día de la elección. La sobrecarga informativa y logística —menos casillas, tiempos de espera de hasta 20 minutos por persona y formatos inéditos— podría hacer que el proceso colapse antes de llegar a buen puerto.
Legalistas pero pobres
Los aspirantes pueden gastar únicamente lo que les permite el INE, con topes que oscilan entre los 220 mil y 1.4 millones de pesos, dependiendo del cargo. Sin embargo, no pueden recibir donaciones, ni en especie ni en efectivo, ni de personas físicas ni de organizaciones. La única excepción: pedir créditos bancarios, lo que transforma a estos candidatos en microemprendedores judiciales en busca de un cargo.
Cualquier falta en el reporte de gastos puede traducirse en la pérdida del registro, y se han establecido lineamientos que impiden la propaganda tóxica (literalmente): está prohibido el uso de materiales que no sean biodegradables o contengan sustancias nocivas.
Sin partidos, sin estructura, sin precedentes
Los candidatos no cuentan con el respaldo de partidos ni con estructuras tradicionales de campaña. Esto tiene una doble lectura: por un lado, se evita que los partidos políticos copen los procesos judiciales. Por el otro, se deja a los aspirantes a su suerte, sin capacitación, sin respaldo institucional y sin un lenguaje político que les ayude a conectar con la ciudadanía.
La ausencia de espectáculos de campaña no significa que el proceso esté libre de polémica. Ya hay aspirantes señalados por presuntos vínculos con delitos, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ha abierto canales para recibir denuncias ciudadanas por actos como la compra de votos o el uso de recursos ilícitos.
Entre la utopía y el desorden
Si algo revela esta elección es la tensión entre una idea democrática radical —el pueblo elige a sus jueces— y su ejecución pragmática en un contexto institucional frágil. La medida, lejos de empoderar al ciudadano, podría terminar confundiéndolo o marginándolo. Si bien es cierto que “el pueblo pone, el pueblo quita”, también es cierto que el pueblo necesita información, tiempo y condiciones adecuadas para decidir con conocimiento de causa.
A dos meses de la jornada electoral, el proceso avanza como una promesa ambiciosa y desconcertante, atrapado entre la innovación política y el riesgo institucional. Quizá estamos frente al episodio piloto de una nueva era democrática, o quizá solo ante una secuela innecesaria en la larga saga del desencanto cívico mexicano.
