Entre marzo y abril de 2025, nueve personas —siete mujeres y dos hombres, de entre 16 y 44 años— denunciaron haber sido pinchadas con agujas mientras viajaban en el Metro o el Metrobús de la Ciudad de México. Aunque los exámenes toxicológicos practicados no detectaron la presencia de sustancias químicas, las víctimas describen síntomas físicos como mareos, vómitos, somnolencia o pérdida de la conciencia, que han generado alarma en redes sociales y exigencias de acción a las autoridades.
Uno de los casos más recientes involucra a una adolescente de 15 años que fue seguida por una mujer desde la Alameda Central hasta la estación Bellas Artes. Tras recibir el piquete, logró avisar a su padre antes de desvanecerse en Ermita, donde fue auxiliada por la policía. A pesar de la gravedad del hecho, la agresora no ha sido localizada. Este episodio se suma a otros como el de Brenda, de 33 años, quien en noviembre de 2024 reportó haber sido inyectada con un somnífero al salir de Indios Verdes; o el de una estudiante de la UAM, drogada en una estación del Metrobús y hallada horas después en un hotel, sin pertenencias ni recuerdos.
Aunque las autoridades han descartado la existencia de sustancias tóxicas y niegan vínculos con secuestros o robos, los testimonios de las víctimas refuerzan una sensación de vulnerabilidad que ninguna cifra puede disipar. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX activó un equipo especializado junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Metro y el Metrobús para reforzar la vigilancia, revisar cámaras, capacitar al personal e implementar protocolos de emergencia. El Metro ha exhortado a las y los usuarios a activar la palanca de emergencia en caso de percibir un ataque, además de habilitar líneas de atención psicológica y legal.
Sin embargo, la respuesta institucional aún deja vacíos. Los ataques, aunque no siempre confirmados por análisis médicos, no se desarrollan en el vacío. Ocurren en un contexto de violencia de género y acoso constante en el transporte público. La comparación con otros episodios anteriores —como el de María Ángela Olguín, desaparecida en 2023 tras reportar un piquete en la estación Hidalgo— alimenta la sospecha social de que la falta de sustancias detectadas no significa ausencia de peligro.
La incertidumbre también genera fenómenos secundarios: redes sociales repletas de advertencias, testimonios anónimos y consejos para evitar ser víctimas. Mientras tanto, organizaciones civiles demandan campañas de prevención, capacitación a conductores y policías, y medidas que vayan más allá del “no se encontró droga”.
Este fenómeno, que muchos ubican en la frontera entre el pánico moral y la amenaza real, obliga a tomar en serio la experiencia de las víctimas sin caer en el descrédito automático por la falta de “evidencia dura”. Porque más allá del miedo o del trending topic, se trata de una demanda legítima por seguridad. Si algo queda claro, es que la ciudad no puede permitirse minimizar estos hechos como simples anomalías médicas ni delegar su análisis al laboratorio. Mientras no haya respuestas contundentes, el piquete más fuerte seguirá siendo el de la desconfianza institucional.
