El feminicidio de Rosa Valeria (18 años) y su hermana menor (14), ambas jóvenes indígenas tsotsiles, ha sacudido a Chiapas no solo por la brutalidad del hecho, sino por la respuesta institucional plagada de lenguaje revictimizante. El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, calificó el asesinato como “crimen pasional”, argumentando que el móvil fueron los celos de Vicente “N”, expareja de Rosa Valeria y presunto responsable detenido en Tabasco. Pero el término, que no tiene sustento jurídico, encendió la indignación de activistas feministas que exigen un enfoque con perspectiva de género y justicia real.
Las jóvenes desaparecieron el 14 de abril. Su búsqueda terminó el 18, cuando fueron encontradas en un camino de terracería en Cruz de Obispo, San Juan Chamula, con impactos de arma de fuego. Una autopsia confirmó que ambas murieron por traumatismo craneoencefálico causado por disparos: Rosa recibió uno en la cabeza y su hermana dos en el rostro. La investigación apunta que abordaron voluntariamente el vehículo de Vicente, con quien convivieron dos horas antes de ser asesinadas.
Mientras el fiscal insiste en que no hubo secuestro y que las víctimas “conocían al agresor”, activistas señalan que esta narrativa invisibiliza la violencia estructural y favorece al victimario. Nombrarlo “crimen pasional” traslada el foco a las emociones del agresor y justifica la brutalidad como si fuera un arrebato, diluyendo su responsabilidad penal y desviando la atención del carácter sistemático del feminicidio.
Sandra de los Santos, periodista y activista, recordó que el término “crimen pasional” no existe en el Código Penal, y su uso contradice los compromisos del Estado mexicano para investigar estos delitos con perspectiva de género. “No es un arrebato: es el resultado de una cadena de violencias machistas no atendidas”, denunció.
Además, desde 2016, Chiapas se encuentra bajo una Declaratoria de Alerta de Género, que obliga a las autoridades a implementar medidas de prevención. San Juan Chamula es uno de los municipios con mayores índices de violencia contra mujeres, particularmente indígenas, pero no se han cumplido los lineamientos de la alerta. El doble feminicidio de las hermanas evidencia la negligencia institucional: ni los mecanismos de protección funcionaron, ni el discurso oficial reconoce el contexto de violencia sistemática.
El caso ha sido abordado con celeridad técnica —cateos, uso de drones, identificación del arma homicida, colaboración interinstitucional—, pero empañado por la falta de sensibilidad y rigor conceptual al momento de comunicarlo. La Fiscalía de Chiapas aseguró que pedirá la pena máxima para el responsable, pero no rectificó el uso del término “crimen pasional”.
El lenguaje de las autoridades importa. No es un tecnicismo menor: nombrar correctamente permite investigar, juzgar y sancionar adecuadamente. Lo contrario abre la puerta a interpretaciones misóginas, penas reducidas o incluso el cierre de casos. El daño no es solo simbólico: es estructural.
Hablar de “crimen pasional” en lugar de feminicidio es como tapar una herida abierta con una curita mal puesta: no solo no cura, sino que perpetúa la infección del machismo institucional.
