El proceso electoral para renovar parte del Poder Judicial en México ha encendido las alertas de organizaciones civiles ante lo que describen como una preocupante contradicción: postular a quienes, en lugar de representar justicia, son señalados como parte del problema. El caso de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán, ha captado especial atención, no solo por su apodo —“el fiscal del terror”—, sino por el cúmulo de señalamientos que arrastra y su inclusión en la boleta como aspirante a juez federal en materia penal.
¿Quién es Francisco Herrera Franco y por qué es controversial?
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Herrera Franco fue un funcionario clave durante la gestión del exgobernador Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia. Como fiscal regional, ha sido vinculado en múltiples ocasiones con el crimen organizado, incluyendo grabaciones filtradas donde presuntamente pacta con líderes criminales en Zitácuaro. Las acusaciones no terminan ahí: también se le relaciona con la fabricación de delitos, violencia institucional contra periodistas, y la extorsión a comunidades indígenas mazahuas para obligarlas a colaborar con grupos delictivos.
Lo más grave, sin embargo, son las sospechas de su implicación en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán. Aunque no existen sentencias en su contra, las denuncias acumuladas y los audios filtrados pintan un panorama preocupante sobre la idoneidad de su candidatura.
Un proceso electoral con vacíos
Herrera Franco fue incluido en la lista definitiva de candidaturas avaladas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, un órgano ad hoc creado por el Congreso —dominado por la mayoría oficialista— para participar en esta inédita elección judicial del 1 de junio. Esta selección, sin embargo, no ha pasado por filtros que garanticen perfiles íntegros y sin antecedentes cuestionables.
Organizaciones como Artículo 19, Defensorxs, Laboratorio Electoral, Politiklab, Observatorio Sonora por la Seguridad, Mexiro, Práctica y la propia MCCI, han levantado la voz en conjunto para exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revisen a fondo su perfil y, de no cumplir con los requisitos constitucionales, retiren su candidatura. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han sido llamadas a retomar las investigaciones pendientes.
Las voces que incomodan
Las denuncias contra Herrera Franco no solo provienen de despachos capitalinos o investigaciones periodísticas: también han sido públicas y sostenidas por comunidades indígenas. Habitantes de pueblos mazahuas lo señalaron por presionarlos para que integraran células criminales, situación que desató incluso el levantamiento de autodefensas en la región. Esta dimensión comunitaria agrega una capa de gravedad a su historial, ya que evidencia un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos y cooptación institucional.
Justicia en entredicho
El proceso electoral de jueces, magistrados y ministros tiene como objetivo democratizar y transparentar la selección de los operadores de justicia. Sin embargo, como señalan múltiples analistas y defensores de derechos, si no se establecen mecanismos rigurosos para verificar los antecedentes de los aspirantes, el proceso corre el riesgo de legitimar figuras con pasados cuestionables. Tal como advierte MCCI, no puede haber Estado de derecho sin personas juzgadoras íntegras.
Y aquí es donde el caso de Herrera Franco adquiere su verdadera dimensión simbólica: no se trata solamente de un perfil entre miles, sino de un test para el sistema. ¿Puede un país con una crisis profunda de violencia, corrupción y desconfianza institucional permitirse designar a jueces con señalamientos tan graves? ¿Puede la democracia sostener su legitimidad si no se garantiza una justicia libre de compromisos con el crimen?
El espejo que devuelve la elección judicial
El caso de Herrera Franco, además, no es aislado. Las organizaciones que han seguido el proceso han identificado al menos cuatro perfiles más con vínculos similares al crimen organizado, así como otros con antecedentes de violencia sexual o violaciones a la libertad de expresión. El problema, sin embargo, no solo radica en la postulación de estos perfiles, sino en la falta de revisión seria por parte de las instituciones encargadas.
Como rematan las organizaciones en su comunicado: “Por la memoria de las y los periodistas asesinados, por la voz de las comunidades indígenas ignoradas y por la dignidad de nuestras instituciones”, esta no debería ser una elección más. Es, quizá, una de las más importantes en la definición del rumbo que tomará la justicia en México.
