En un movimiento judicial que resuena con ecos del pasado reciente y tensiones del presente, el Departamento de Justicia de EE.UU., encabezado por la fiscal general Pam Bondi, ha solicitado formalmente la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la aseguradora más grande del país. El crimen, perpetrado a plena luz del día frente a un hotel en Manhattan, ha sido descrito como un “asesinato premeditado y a sangre fría” con posibles motivaciones políticas, según las autoridades.
Mangione, de 26 años, fue detenido días después del homicidio en un McDonald’s de Pensilvania. En su poder se encontró un arma de fabricación casera —una “arma fantasma”— y un cuaderno con anotaciones que, según los fiscales, revelan un plan detallado para asesinar a Thompson. El joven se declaró inocente de los múltiples cargos que enfrenta tanto a nivel estatal como federal, que incluyen asesinato como delito de terrorismo, uso de arma de fuego con resultado de muerte y acoso interestatal.
La decisión de buscar la pena capital no ocurre en un vacío legal ni simbólico. Marca una de las primeras acciones de alto perfil en materia de justicia penal bajo la administración de Donald Trump tras su regreso al poder. La solicitud se alinea explícitamente con una orden ejecutiva del presidente que busca reactivar la aplicación de la pena de muerte federal, interrumpida durante la moratoria establecida por Joe Biden en 2021. Para Bondi, esta decisión es una forma de restaurar el “Estado de derecho”, en palabras propias, y corregir lo que considera una “era vergonzosa” de indulgencia judicial.
Pero no todos coinciden con esta narrativa. Karen Friedman Agnifilo, abogada de Mangione, calificó la acción del gobierno como una “ejecución premeditada patrocinada por el Estado” y acusó al Departamento de Justicia de actuar motivado por razones políticas, y no por justicia. En su declaración, criticó duramente al sistema de salud estadounidense, al que tachó de “corrupto, inmoral y asesino”, sugiriendo que Mangione veía en Thompson un emblema de esta maquinaria.
La narrativa oficial sostiene que el móvil del crimen fue el odio del acusado hacia la industria de seguros médicos, a la que responsabiliza por sufrimientos personales o sociales no especificados. El cargo estatal de “asesinato como terrorismo” refuerza esta interpretación, al considerar que Mangione actuó con la intención de coaccionar o intimidar a la población. Este encuadre convierte al acusado no solo en un presunto asesino, sino en un símbolo de amenaza interna, categoría que históricamente ha servido para justificar penas ejemplares.
El caso también pone de relieve las tensiones estructurales entre diferentes niveles del sistema de justicia. Mientras los fiscales locales parecen haber dudado inicialmente sobre la conveniencia de pedir la pena de muerte, Bondi impuso la línea federal alineada con la Casa Blanca. El juicio, todavía en preparación, promete ser tan legal como ideológico: no solo se juzgará a un individuo, sino que se confrontarán modelos de justicia, discursos sobre el terrorismo doméstico, la legitimidad del castigo capital y el papel de las grandes corporaciones en la vida pública.
Y en el trasfondo, una figura central que no puede pasar desapercibida: la industria de la salud. Que el centro de este crimen sea el CEO de una aseguradora ha dado pie a interpretaciones sociales más amplias. ¿Fue un acto individual desesperado o un síntoma de una enfermedad estructural? El caso Mangione abre una grieta en el relato dominante: la del ciudadano común enfrentado a un sistema que muchos consideran inalcanzable y despiadado.
Mientras tanto, Luigi Mangione espera en una prisión federal de Nueva York, con un nuevo abogado especializado en casos de pena de muerte y una base de simpatizantes que ha recaudado más de 700 mil dólares para su defensa. El juicio promete ser largo y complejo, y su desenlace —sea cadena perpetua o ejecución— servirá de termómetro no solo legal, sino político y moral, en una nación que sigue debatiendo qué significa realmente hacer justicia.
