Durante más de una década, entre 1997 y 2012, la ciudad de Nueva York incurrió en detenciones sistemáticas e ilegales de más de 20 mil personas migrantes. En complicidad con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), las autoridades locales mantuvieron bajo custodia, sin causa judicial válida, a miles de personas solo por el hecho de haber sido señaladas por ICE. Casi 30 años después, se concreta una reparación parcial: un fondo de 92.5 millones de dólares será distribuido entre quienes fueron víctimas de esta política, reflejo de una era donde la discriminación migratoria se institucionalizó.
Esta resolución surge de una demanda colectiva encabezada por el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, en conjunto con Benno & Associates, PC, que documentó cientos de casos de personas retenidas incluso después de haber cumplido con sus sentencias. Las órdenes de detención del ICE, que solo recomendaban extender la custodia hasta por 48 horas, fueron utilizadas como excusa para mantener encarceladas a personas durante semanas o meses, en violación directa al debido proceso legal.
La mayoría de estas detenciones ocurrieron en Rikers Island, una prisión notoria por su violencia sistémica, negligencia institucional y altos índices de muertes bajo custodia. En lo que va de 2025, cuatro personas han muerto en ese complejo penitenciario, lo que mantiene activa la declaración de emergencia humanitaria que hizo el sistema judicial de Nueva York.
Uno de los casos emblemáticos que detonaron esta demanda fue el de Oscar Onadia, un migrante originario de Burkina Faso detenido en 2008 por conducir sin licencia. A pesar de haber cumplido su pena de cinco días y haber intentado pagar su simbólica fianza de un dólar, Onadia fue retenido por 42 días más por orden de ICE. Su caso se convirtió en el eje de la acción colectiva bajo el título Onadia v. City of New York, al demostrar que su experiencia no fue aislada, sino parte de un patrón sistemático de abusos.
El impacto de estas prácticas no solo se mide en días de libertad arrebatada (más de 166 mil días acumulados entre todas las víctimas), sino en el profundo daño social, psicológico y económico que dejó en miles de familias. Algunos, como Frank Barker, quien fue residente legal desde los nueve años, pasaron hasta un año enteros bajo custodia migratoria sin una causa penal. Hoy, Barker aplaude el resultado legal y alienta a otras víctimas a reclamar su indemnización.
La fecha límite para presentar el reclamo es el 15 de mayo de 2025 a través del sitio www.nycicesettlement.com. Los montos individuales de compensación dependerán del tiempo de detención indebida y podrían alcanzar las decenas de miles de dólares. Para ser elegibles, los solicitantes deben haber sido retenidos entre abril de 1997 y diciembre de 2012 más allá de su fecha de liberación programada, únicamente por órdenes de detención emitidas por ICE.
Cabe destacar que la ciudad de Nueva York negó toda responsabilidad, y accedió al acuerdo para evitar los costos de un litigio prolongado. Sin embargo, tanto el fallo judicial como el acuerdo financiero confirman lo que diversas organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos han denunciado por décadas: que la colaboración entre la policía local y ICE ha sido uno de los engranajes más efectivos en la maquinaria de criminalización de la migración.
El caso cobra mayor relevancia en un momento donde el discurso antiinmigrante se ha recrudecido con figuras como Donald Trump, quien ha promovido la ampliación de las detenciones masivas. Incluso, el alcalde actual de Nueva York, Eric Adams, ha reactivado la presencia de ICE en Rikers Island, en una preocupante señal de retroceso.
Más allá del dinero, este acuerdo representa una victoria simbólica para quienes luchan por dignificar los derechos de las personas migrantes. Como dijo el abogado Carlos Martínez: “La gente inmigrante en Estados Unidos tiene derechos y, cuando estos son violados, pueden luchar y ganarlos”.
