Con apoyo de vehículos artillados, buques de guerra y aeronaves espía, el Comando Norte fortalece la seguridad nacional estadounidense frente a amenazas migratorias y del crimen transnacional.
El Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha intensificado su presencia en la frontera con México como parte de una estrategia integral de seguridad nacional que busca contener el ingreso irregular de personas y frenar el tráfico ilícito de drogas, particularmente las de tipo sintético como el fentanilo.
Esta semana, el Comando Norte difundió en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) un video de 16 segundos en el que se muestra la ejecución de diversas maniobras militares en apoyo a la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La publicación, titulada “Algunas imágenes del trabajo que hicimos la semana pasada en apoyo a la misión en la frontera sur”, expone el nivel de coordinación y despliegue castrense en la zona limítrofe.
En las imágenes se observan soldados patrullando a pie, señalando hacia territorio mexicano, operando vehículos artillados y participando en operativos marítimos en los límites fronterizos. Aunque los efectivos militares no están autorizados para detener migrantes o realizar capturas directas, su papel es fundamental en labores de vigilancia, inteligencia, monitoreo aéreo y soporte logístico.
El reforzamiento militar forma parte de la política implementada desde la administración de Donald Trump, que ordenó la movilización de fuerzas del Pentágono hacia la frontera sur para disuadir cruces ilegales y atacar las redes de tráfico de drogas. El objetivo principal: frenar por completo el flujo de migrantes indocumentados y contener la entrada de sustancias como el fentanilo, cuyo impacto en la salud pública estadounidense ha sido devastador.
Actualmente, el Comando Norte mantiene desplegados aproximadamente 9 mil soldados en la frontera con México, respaldados por vehículos terrestres artillados, buques de guerra y aeronaves de espionaje, todos dirigidos a fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta estrategia ha sido respaldada por sectores conservadores y de seguridad, aunque también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y por el gobierno mexicano, que han advertido sobre los riesgos de militarizar una zona históricamente sensible en lo político, lo humanitario y lo diplomático.
