La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha encendido los reflectores sobre la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, anunciando una investigación que involucra a 14 de sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción. El caso, que gira en torno a la remodelación del mercado Adolfo López Mateos en Cuautla, va más allá de una simple revisión administrativa: destapa un entramado institucional donde la opacidad y el uso discrecional de recursos públicos parecen haber sido moneda corriente.
Entre los nombres señalados se encuentran exfuncionarios de alto perfil, como Ana Cecilia Rodríguez (Secretaría de Economía), Leticia Nolasco (Obras Públicas) y Juan Diego Pons Díaz de León, exdirector del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo para la Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp). La audiencia para este primer bloque de acusaciones está programada para el próximo 30 de mayo, y según el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, las carpetas de investigación ya han sido integradas y están listas para el ejercicio de la acción penal.
Pero lo que parecía ser un caso “clásico” de desvío de recursos públicos —de esos que ya casi no causan sorpresa— se tornó sombrío cuando, en un cateo relacionado con la misma investigación, se encontraron fragmentos humanos y rastros de sangre en un domicilio ligado a Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ). Lo que empezó como un operativo para ejecutar una orden de aprehensión, acabó abriendo otra línea de investigación: esta vez, por “los delitos que resulten”. Álvarez, actualmente prófugo, ya es buscado por la Interpol.
Este giro macabro da un matiz inquietante al caso: ¿hasta dónde se extiende el deterioro institucional cuando una acusación de corrupción termina en el hallazgo de restos humanos? ¿Qué tan enredado está el tejido de complicidades en las administraciones estatales?
Aunque los nombres de los 14 implicados no se han dado a conocer en su totalidad, la selección de perfiles investigados sugiere que no se trata de casos aislados, sino de decisiones coordinadas desde diversos frentes del aparato gubernamental. Lo más grave no es sólo la presunta malversación de recursos públicos, sino la naturalización del desvío como mecanismo de operación. La promesa de “transformar” desde el deporte —recordando los orígenes futbolísticos de Blanco— parece haber tropezado con las mismas viejas prácticas que juraba combatir.
Y mientras se ofrece una recompensa de aproximadamente 113 mil pesos a quien aporte información que lleve a la captura de Álvarez, lo que queda claro es que este caso no es sólo un capítulo más en el voluminoso expediente de escándalos políticos en México. La manera en que ha escalado —de presuntas irregularidades financieras a la implicación de instancias internacionales como Interpol y al descubrimiento de restos humanos— lo coloca en una categoría distinta, donde las preguntas exceden a lo penal y rozan lo estructural: ¿qué tan profundas son las redes de corrupción en los estados y qué tan efectiva es su fiscalización?
A todo esto, Cuauhtémoc Blanco no ha emitido declaraciones claras sobre las investigaciones, aunque el contexto no le favorece. A las acusaciones por corrupción se suman denuncias personales de otra índole, como las que ha hecho su media hermana. En este punto, el blindaje político parece erosionarse a cada paso.
Mientras se aproxima la audiencia del 30 de mayo, el caso sigue en desarrollo. Pero si algo revela este episodio, es que la justicia en México —aunque a veces tarde— no olvida. Y cuando toca la puerta, puede que traiga consigo más de una sorpresa.
