La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no llegó como un trueno sorpresivo, sino como una jugada meticulosamente orquestada desde Palacio Nacional. El Senado, con el respaldo de Morena y sus aliados, aprobó en fast track la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reemplazar al órgano autónomo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una “súper agencia” adscrita al Ejecutivo que centralizará el control sobre espectro radioeléctrico, concesiones, regulación digital, y algo más delicado: el poder de decidir qué se transmite en medios y plataformas.
El pretexto: impedir la difusión de propaganda extranjera como el infame spot antiinmigrante de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE. UU., que circuló en medios mexicanos. Sin embargo, ese discurso de soberanía comunicativa choca con la letra fina del proyecto: de los 283 artículos de la nueva ley, apenas tres regulan estos contenidos extranjeros. El resto está cargado de disposiciones que, para la oposición, abren la puerta a una censura institucionalizada.
La nueva agencia podrá bloquear plataformas digitales, modificar o rescatar bandas del espectro “cuando lo exija el interés público”, revocar concesiones e incluso imponer sanciones de hasta 5% de los ingresos de medios que transmitan propaganda política extranjera sin autorización. La Secretaría de Gobernación será quien autorice qué mensajes se permiten, y podrá suspender transmisiones sin proceso judicial previo.
El artículo 109 permite bloquear páginas, plataformas o redes sociales por incumplimientos normativos. Un botón de pánico para silenciar disidencias, según senadores del PAN y Movimiento Ciudadano. “Es el derecho de decidir sin injerencias extranjeras”, replican desde Morena, mientras minimizan las alarmas con discursos nacionalistas sobre “colonización mediática”.
Claudia Sheinbaum respondió a las críticas tildando de “error de redacción” la parte sobre bloqueo de plataformas. Pero el error se mantiene en un dictamen que le da a una sola agencia facultades que antes estaban repartidas entre varios órganos. Un poder concentrado que preocupa no solo por su potencial uso, sino por la opacidad con la que fue aprobado: el dictamen se publicó una noche antes de ser discutido al día siguiente.
La nueva ley también crea modalidades de concesión por tipo de uso (comercial, social, público y privado), pero el control último de su otorgamiento, revocación o modificación queda en manos de la ATDT. Además, se creará un registro de usuarios de telefonía móvil con acceso para autoridades, lo que amplía la capacidad de vigilancia estatal bajo criterios definidos por la misma agencia.
El discurso presidencial de “más derechos, más libertad” se contradice con una legislación que facilita el bloqueo de plataformas como X, YouTube o Facebook si difunden contenidos incómodos para el régimen. “Quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen los regímenes autoritarios”, advirtió Ricardo Anaya. La presidenta, por su parte, considera que “hay quienes nos critican porque no nos quieren”.
En la práctica, este rediseño institucional apunta menos a protegernos de Trump y más a fortalecer un Estado capaz de decidir quién habla, qué se dice y cómo se transmite. La libertad de expresión se vuelve negociable en nombre de la soberanía, y los órganos autónomos quedan reducidos a escombros de una democracia que presume modernizarse mientras mira de reojo a su reflejo autoritario.
