Dos exfuncionarios que formaron parte del círculo cercano de Alejandro “Alito” Moreno durante su paso por la gubernatura de Campeche (2015-2019) han sido detenidos recientemente, acusados de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. El presunto desfalco, que asciende a más de 16 millones de pesos del erario público, habría sido cometido mediante recursos asignados a publicidad oficial que, según las investigaciones, jamás se materializó.
Walter J.O.V., quien se desempeñó como titular de Comunicación Social en los primeros años del gobierno de Moreno Cárdenas, fue arrestado en una plaza comercial en Mérida. Antonio A.O., exdirector administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE), fue aprehendido en la capital campechana. Ambas detenciones se ejecutaron en coordinación entre la Fiscalía de Campeche y la de Yucatán, aunque en el caso de Antonio A.O. hay un inusual silencio institucional: ni la Fiscalía campechana ni la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado pudieron confirmar si sus elementos participaron en el arresto.
El esquema bajo sospecha no es nuevo, pero sí notable: recursos etiquetados para comunicación institucional que, en lugar de informar a la ciudadanía, habrían terminado en destinos desconocidos. Específicamente, se habla de 16 millones de pesos asignados a campañas que nunca se difundieron. Un modus operandi que convierte a la publicidad oficial no en un instrumento de transparencia, sino en una caja negra perfecta para justificar transferencias y contratos opacos.
Más allá del dato penal, el contexto político también pesa. Los arrestos ocurren mientras Alejandro Moreno, hoy presidente nacional del PRI, se prepara para otra contienda electoral clave y mantiene una postura desafiante ante sus críticos. La falta de pronunciamiento por su parte, hasta el momento, podría interpretarse como una estrategia de control de daños o simplemente como una práctica común de deslinde: “lo que pasó en Campeche, se queda en Campeche”. Sin embargo, la narrativa no es tan sencilla. Aunque no se le señala directamente en esta investigación, el hecho de que los acusados hayan operado durante su mandato y bajo su mando inmediato obliga a cuestionar no solo su selección de colaboradores, sino también el ecosistema institucional que permitió este desvío sin ser detectado (o, al menos, denunciado) en su momento.
Tampoco es menor el hecho de que la detención de Walter J.O.V. ocurriera en un entorno público como Plaza La Isla, en Mérida, lo cual parece haber sido aprovechado por las autoridades para mostrar músculo sin necesidad de boletines. Aun así, la información oficial sigue siendo escasa y fragmentada. No se ha ofrecido hasta ahora una reconstrucción clara del caso, ni se han detallado los mecanismos específicos del presunto peculado.
Así, el caso no solo plantea preguntas sobre la corrupción pasada, sino también sobre las formas actuales de combate a la impunidad. ¿Es esto un avance real en la rendición de cuentas o un ejemplo de justicia selectiva? ¿Cuántos desvíos similares han quedado sin castigo por falta de voluntad política o simplemente por no ser mediáticos?
Mientras los acusados esperan su audiencia inicial ante el juez de control, el episodio se instala como un recordatorio incómodo: el uso discrecional del dinero público en publicidad sigue siendo un punto ciego en la administración pública. Y, como en tantas otras historias de la política mexicana, el telón no cae con la detención. Al contrario, apenas sube.
