Estados Unidos anunció la “transferencia” de 13 narcotraficantes mexicanos a cárceles en su país de origen. Aunque el término oficial usado por el Departamento de Justicia (DOJ) busca revestir el acto de cooperación judicial, en los hechos se trata de deportaciones de criminales que seguirán cumpliendo sus sentencias en México. El proceso se realizó el 11 de abril de 2025, bajo el amparo del Tratado México-Estados Unidos de Ejecución de Sentencias Penales, vigente desde 1977.
Lo que distingue esta acción no es tanto su excepcionalidad —se trata del traslado número 184 bajo este tratado— sino el contexto político y económico que lo enmarca. Bajo la administración de Donald Trump, las transferencias se promueven como una medida estratégica para aliviar la carga del sistema penitenciario estadounidense y reforzar la narrativa de “mano dura” contra la migración indocumentada y el crimen transnacional. Según el DOJ, este movimiento permitirá ahorrar más de tres millones de dólares en costos carcelarios y ayudará a despresurizar sus cárceles federales.
La identidad de los 13 reclusos no fue revelada. Lo que sí se especificó es que todos purgan condenas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias como cocaína, metanfetamina y fentanilo, una tríada que ha intensificado las crisis de salud pública y seguridad en ambos países. En conjunto, los sentenciados aún deben cumplir 75 años de condena.
Un aspecto poco destacado por el gobierno estadounidense, pero relevante, es que los reclusos solicitaron voluntariamente ser trasladados. Es decir, no se trató de una expulsión forzada, sino de una aplicación del principio de consentimiento establecido en los tratados bilaterales de transferencia de prisioneros. Tanto Estados Unidos como México aprobaron las solicitudes, lo que sugiere una coordinación diplomática activa, aunque opaca.
Desde un enfoque crítico, la operación puede leerse como una medida eficiente pero interesada: reduce costos para Estados Unidos, descarga responsabilidades penitenciarias y permite que la Casa Blanca presuma su compromiso con la “seguridad fronteriza”, sin mayor debate sobre el destino o el tratamiento que recibirán los reclusos en territorio mexicano. En contraparte, México hereda una responsabilidad carcelaria sin saber públicamente quiénes son los beneficiarios del tratado ni cómo se garantizará la continuidad de su condena.
Este tipo de acuerdos binacionales, aunque no nuevos, evidencian una asimetría en el manejo de la justicia penal transnacional. Mientras Estados Unidos presume eficiencia fiscal y política, México se convierte en receptor de su “exceso penal”, en un esquema que recuerda más a una exportación de residuos peligrosos que a una cooperación judicial horizontal. Y aunque el tratado apunta a mejorar la rehabilitación y facilitar la reinserción de los reos en sus países de origen, la ausencia de información pública y de mecanismos de seguimiento transparentes en México deja más dudas que certezas.
