Las cifras, las amistades y las fechas importan, pero en el caso de Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, lo que realmente hace ruido es el cruce entre lo lícito, lo político y lo sospechoso. Entre 2012 y 2017, Abdala recibió 4.5 millones de dólares —hoy equivalentes a unos 120 millones de pesos— por la supuesta venta de un edificio de cuatro pisos en Polanco, donde operaba un hotel boutique. Hasta ahí, nada particularmente inusual. Sin embargo, los pagos provinieron de la familia Weinberg, señalada como prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública actualmente preso en EE.UU. por corrupción.
Las transferencias, según reconoció la propia Abdala, se distribuyeron entre sus cuentas personales y una empresa offshore panameña a su nombre: Roybell International Inc. La justificación es clara: fue una operación inmobiliaria legal, acordada a pagos diferidos. Pero el contexto hace que la narrativa no cierre con broche de oro: durante el mismo periodo, Bartlett era senador del PT y ya se encontraba en la órbita política de López Obrador, lo que convierte cualquier cruce financiero en un campo minado.
Para Abdala, no hay misterio: “Se lo vendí a la familia Weinberg y me lo pagaron”. Asegura que no conoce a García Luna, que todas sus actividades son comerciales y lícitas, y que cualquier intento de relacionarla con delitos es producto de una misoginia persistente que niega a las mujeres su autonomía económica: “Jamás he dependido de un hombre”, sentenció en entrevista.
Pero las autoridades mexicanas piensan distinto. Desde 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue el rastro de los fondos desviados presuntamente por García Luna y sus cómplices. En ese marco, en 2024 una jueza de Florida solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre varias personas, incluyendo a Abdala. Además, se pidió a los Weinberg entregar documentación sobre el motivo de las transferencias, lo cual hicieron en agosto.
Lo más incómodo no es la existencia de los pagos, sino la proximidad. Samuel Weinberg, patriarca del clan, reconoció bajo interrogatorio conocer a Bartlett y Abdala desde hace más de 20 años. También se sabe que Silvia Pinto de Weinberg es amiga íntima de Abdala desde hace cuatro décadas. La transacción no se dio entre desconocidos, y eso complica la narrativa de neutralidad.
Mientras tanto, Bartlett permanece oficialmente fuera de escena. Abdala niega cualquier relación económica con él y defiende con vehemencia la separación entre sus negocios y la carrera política de su pareja. Pero el escándalo los arrastra a ambos. Si bien hasta ahora no se han presentado cargos directos contra Abdala, la pregunta no es si la transacción fue legal, sino si fue conveniente —y sobre todo, si fue ética— considerando el entramado de amistades, favores y poder.
Así, la historia no es solo la de una venta de bienes raíces. Es la de un país donde los negocios y la política se entrelazan en paraísos fiscales, donde las relaciones personales son suficientes para levantar sospechas, y donde la transparencia parece seguir estando en oferta, pero nunca en inventario.
